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VALENCIA (EP). El PSPV solicita una pena de tres años y cuatro meses de prisión para el exdiputado 'popular' David Serra y la exconsellera y también exdiputada Alicia de Miguel, así como otro año y cuatro meses de cárcel para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera por la pieza 5 del 'caso Gürtel', relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa.

El PSPV, que ejerce de acusación popular, ha presentado este viernes su escrito de calificación provisional --al que ha tenido acceso Europa Press--, el último día otorgado por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacerlo.

En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.

Entre ellos, se encuentra Serra, para el que el PSPV pide tres años y cuatro meses de prisión, así como 17 años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. Para De Miguel solicita la misma condena pero por contrataciones en su etapa en Bienestar Social; mientras que para Cervera y Rosado reclama un año y cuatro meses de prisión, así como 11 años de inhabilitación, por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad.

Para dar soporte a la acusación, el PSPV incluye correos electrónicos de los procesados con indicaciones sobre contratación, alude a informe de la UDEF y de la Intervención General del Estado y a declaraciones de funcionarios que consideraban que esa proceder supone fraccionamiento y la falta de procedimiento negociado.

En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas --seis responsables del grupo Correa y 21 ex altos cargos públicos y funcionarios--- a las que el juez instructor atribuye, según los casos, presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal con tráfico influencias, falsedad en documento público, malversación y prevaricación administrativa.

De los 27 procesados, seis son los considerados presuntos cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, responsable de Orange Market y conocido como 'El Bigotes'; Pablo Crespo, Francisco Correra; Cándido Herrero; Isabel Jordán y Mónica Magariños, para quienes esta acusación pide para cada uno de ellos seis años y medio de cárcel, una multa de 24.300 euros e inhabilitación absoluta por inducción a la prevaricación en concurso con tráfico de influencias en concurso con tráfico de influencias, por falsedad y malversación.

CARGOS Y TRABAJADORES

El resto son funcionarios o personas que ocuparon distintos cargos públicos en distintos gobiernos de Francisco Camps entre 2004 y 2008, en las consellerias de Presidencia, Educación, Sanidad, Bienestar Social, Industria y Territorio, entre ellos los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado --este último, por su etapa como secretario autonómico--.

Para la primera, el PSPV pide tres años y medio de cárcel, once de inhabilitación para cargo público, seis años de inhabilitación absoluta y multa del doble del beneficio perseguido. Para los segundos, un año y cuatro meses de cárcel y once de inhabilitación para cargo público y la misma multa que la anterior.

El resto de ex altos cargos públicos acusados son: el exdiputado del PP y ex secretario autonómico de deportes, David Serra; la ex directora general de Promoción institucional, Dora Ibars; la ex directora general del Libro, Silvia Caballer; el exdirector de Castellón Cultural, Vicente Farnós; el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad, Enrique Navarro y la ex directora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández.

La lista de acusación también incluye a la gerente de la Fundación Luz de las Imágenes, Carmen Díaz-Quintero; la que fuera gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, Arantxa Vallés; el exdirector de Asistencia Sanitaria, Rafael Peset; la que fue directora del Sepiva, Inmaculada García Pardo; el ex director general de Vaersa, Juan Miguel Bellver.

Otros acusados son José M. Vidal, que ocupó cargos en la administración valenciana y trabajó posteriormente en Orange Market; Paula de Cubas, ex asesora de prensa en varios departamentos y los trabajadores Enrique Bort --Sepiva--; Pau Aviñó --Sanidad--; Joaquín Fernando Tomás --Vaersa--; Patricia Callaghan --Territorio-- y Antonio Santo Juan --Vaersa--.

Para todos ellos, el PSPV pide penas de prisión que llegan a los tres años y cuatro meses en los casos de David Serra, Enrique Navarro, Dora Ibars y José María Vidal; dos años a Hernández, Díaz Quintero, Enrique Bort, García-Pardo, Juan Miguel Bellver, Caballer y Farnós y un año y cuatro meses para Arantxa Vallés, todos ellos con distintas inhabilitaciones y multas. El resto se enfrenta únicamente a petición de pena de inhabilitación.

CONTRATACIONES DE VARIOS DEPARMENTOS

En el escrito, el PSPV alude a contratos con el grupo de cuatro departamentos de la administración autonómica, que comenzaron en 2004 con la Conselleria de Presidencia para regalos institucionales y la Guía de Comunicación, realizada por la dirección dependiente de Dora Ibars. En este caso, habla de contratación con Orange Market como único interlocutor y una contratación fraccionada de 88.975 euros sin salir a licitación pública.

De la Conselleria de Educación, hace referencia a los contratos del II Congreso del Software Libre en el que se presentó el sistema operativo Lliurex, con Silvia Caballer como persona que negoció con Álvaro Pérez y que aprobó la contratación de trabajos con cinco facturas a cargo de proyecto Cultura Castellón, sin contraprestación de servicios alguna, autorizadas por el gerente Vicente Farnós.

Otro de los eventos es el acto 'Familia y Escuela, un espacio para la convivencia', en noviembre de 2006, a cargo del IVACE, un encuentro cuya contratación superaba legalmente el límite de los contratos menores. Aquí también se incluye un acto de un año después, bajo el nombre de 'Disciplina con Dignidad'. En ambos casos llevados a cabo por Hernández quien trató con Álvaro Pérez.

OPEN DE TENIS

Según el PSPV, esta práctica se utilizó entre 2005 y 2008 en la Conselleria de Deportes --con Serra como secretario autonómico-- en contratos del Open de Tenis que se facturaron a entes "tan dispersos" como la Fundación Luz de las Imágenes o Circuito del Motor.

En relación con la Conselleria de Bienestar Social, se refiere a contrataciones entre 2006 y 2007 con Orange Market, relativos a actos como 'Tolerancia Cero', 'Punto Final' o 'Balance general', y en la Conselleria de Sanidad por los Premios Salud y Sociedad de 2006 y 2007 y el acto del 19 de febrero de 2008 para la inauguración del Hospital Clínico, a través de cuatro contratos menores para un mismo evento y con prácticamente el mismo video en todas ellas.

El escrito se refiere también a contrataciones de Vaersa con Orange Market pese a que tenía un protocolo especial de contratos que no se cumplió; para el X Aniversario de Proyecto Cultural Castellón 2007; para el acto inaugural de la Volvo Ocean Race en 2008; del SEPIVA para elaborar el video del Plan de Desarrollo de Parques Empresariales y de las realizadas para el montaje del expositor de Grandes Eventos de Fitur de 2009.