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VALENCIA (EP). La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado 'popular' David Serra, y para la exconsellera y también exdiputada Alicia de Miguel, y otros siete y ocho años de inhabilitación para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera, respectivamente, por prevaricación en relación con contrataciones entre el Consell y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', y otras sociedades del Grupo Correa.
El ministerio público ha presentado este viernes su escrito de calificación provisional, el último día otorgado por el juez instructor de la pieza 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacerlo. Inicialmente, el plazo acababa hace dos semanas, pero se prorrogó a petición del fiscal.
En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas. Entre ellos, se encuentra Serra, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. El fiscal señala que entabló una "estrecha relación" con 'El Bigotes', y que desde su cargo dio las adjudicaciones "sin adoptar resolución procedimental alguna".
Así mismo, para De Miguel solicita otros nueve años de inhabilitación por contrataciones en su etapa en Bienestar Social; para Cervera ocho años y para Rosado siete por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad.
Sobre De Miguel, el fiscal señala en su escrito que aceptó los servicios que le ofreció Orange Market, "bien sea merced a la actividad desarrollada" por la trama, "bien por recomendación de terceros", "desplegando una relación de colaboración durante dos años que se materializó en la realización de tres actos", en los que intervino la exdiputada como interlocutora y persona que "decidía" la realización de eventos.
En relación con Manuel Cervera indica que la trama se concertó con él para hacer facturas desde diferentes empresas, algunas de ellas sin intervenir en los actos; y sobre Rosado, quien en ese momento desempeñaba el cargo de director gerente de la Agencia Valenciana de Salud, con el rango de secretario autonómico, afirma que posibilitó una facturación irregular con Orange.
PRISIÓN PARA LOS CABECILLAS
Por otro lado, los imputados para los que el ministerio público solicita más pena, inclusive de prisión, son los presuntos cabecillas de la trama. Así, para Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', reclama 10 años de prisión; mientras que para Felisa Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero pide siete años y 11 meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación, de falsificación en documento mercantil y como cooperadores del delito continuado de malversación de caudales. A estos imputados también les reclama el pago de una multa de 582.500 euros.
Por otro lado, el fiscal reclama una pena de inhabilitación de 16 años para la que fuera directora general de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB; ocho años de inhabilitación para la ex directora general del Libro Silvia Caballer y otros 15 para el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por contrataciones de Software Libre y, además, Farnós por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.
Así mismo, pide una pena de ocho años y siete meses de inhabilitación para el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; otros nueve para la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece); y cinco años y seis meses de prisión para la gerente de la Fundación Luz de las Imágenes, Carmen Díaz, por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.
Además, el fiscal solicita ocho años de inhabilitación para la que fuera gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés, por un acto de la Volvo Oceans Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunitat; otros nueve años para el exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset; y siete más para Pau Aviñó, quien ocupó un cargo de la Conselleria de Sanidad, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.
La lista se extiende también a Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), para el que el ministerio público solicita cuatro años de prisión, siete de inhabilitación y el pago de una multa de 3.240 euros; Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), para la que reclama ocho años más de inhabilitación para empleo o cargo público.
Así mismo, pide para Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat, siete años de inhabilitación; y otros seis meses de prisión por delito de tráfico de influencias para José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market, por un vídeo de parques empresariales del Sepiva. Para este último también se reclama una multa de 50.000 euros.
Por último, el fiscal pide para Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, ex asesor jurídico de Vaersa, tres años de prisión; otros tres más para Patricia Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio, una inhabilitación de siete años; siete años de prisión y ocho de inhabilitación para el que fuera jefe de área en Vaersa Antonio Santo Juan; y otros siete de prisión y ocho de inhabilitación para el entonces director general de Vaersa, Juan Miguel Bellver, por contrataciones desde la entidad con Orange.
Así mismo, pide que los acusados sean condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a la Generalitat, tras declarar la nulidad de las resoluciones de los expedientes adjudicados a la trama, con retroacción respecto de las cantidades indebidamente percibidas por consecuencia de los contratos principales resultantes de las diferentes adjudicaciones. En este sentido, hace un ofrecimiento de acciones al servicio jurídico del Consell para que reclame.
CON GESTORES DE FONDOS PÚBLICOS
El fiscal enmarca las adjudicaciones irregulares entre los años 2004 y 2009 y afirma que los presuntos cabecillas de la trama, "con la necesaria connivencia de los órganos de contratación gestores de fondos públicos", lograron la adjudicación de diferentes concursos o contratos a través de varias técnicas: fraccionamiento de contratos; presentación al concurso de varias empresas del mismo grupo; o adjudicación directa sin haber tramitado proceso alguno de contratación.
En algunas de las adjudicaciones, incluso, no consta la orden de inicio del procedimiento ni el preceptivo informe de necesidad del servicio, ni se publicó en el DOCV el anuncio de la licitación, tal como establece el manual de procedimiento de la entidad, en razón del importe. Tampoco consta el pliego de cláusulas administrativas ni el importe del presupuesto de licitación, y se aparentó el trámite de invitación a varias empresas.
Sí, sí, pero... ¿y el dinero? ¿Cuanto pide que devuelvan?
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