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VALENCIA. La Intervención General considera que la Generalitat Valenciana no debe pagar los sobrecostes no justificados en los que incurrió Feria Valencia en sus obras de ampliación. El organo dependiente de la Conselleria de Hacienda se muestra tajante en este punto, pese a que la Generalitat es avalista de los créditos con que se pagaron todas las facturas: las justificadas, las supuestamente hinchadas e incluso algunas que pueden ser falsas.

Tal y como adelantó ValenciaPlaza.com este lunes, la Intervención General ha realizado un informe en el que destapa un sobrecoste del 86% en las obras de construcción de Feria Valencia y apunta a que parte de esos incrementos no están justificados.

"El informe realizado por los funcionarios técnicos [de la Conselleria de Infraestructuras] respecto a las inversiones subvencionadas por la ampliación del plan de modernización revela la existencia de sobrecostes no justificados en las actuaciones facturadas. En consecuencia, la aportación de la Generallitat no debería cubrir dichos sobrecostes", apunta el informe en uno de sus puntos.

La Intervención no detalla el montante total que considera no debería pagarse -quedan pendientes 774 millones- ni quién debería hacerse cargo de ese dinero, habida cuenta de que Feria Valencia no tiene capacidad financiera para ello y con la paradoja de que el organismo considera que la institución es una empresa pública.

LA VÍA JUDICIAL

Solo queda una opción: la vía judicial. Según las fuentes oficiales consultadas por este periódico, en el caso de que el informe, que ahora es provisional a la espera de analizar las alegaciones remitidas por Feria Valencia hace unos días, tenga las mismas conclusiones en su versión definitiva, la Generalitat deberá llevarlo de oficio a la Fiscalía para que investigue posibles responsables del quebranto económico.

En el momento en que se produjo la ampliación estaban al frente de la institución Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia como presidenta del patronato, Alberto Catalá, como presidente del comité ejecutivo, y Belén Juste, como directora general.

CAMBIOS EN EL CONVENIO

Además de reclamar que se acote lo que la Generalitat debe pagar, la Intervención hace otras cinco recomendaciones: modificar los estatudos de Feria Valencia para explicitar que es una empresa pública, clarificar los mecanismos de control de la institución, firmar un nuevo convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de Finanzas y Feria Valencia con nuevas condiciones, someter la gestión de Feria Valencia a criterios de ajuste presupeustario, como el resto de la administración autonómica, y finalmente apuntar en las cuentas de la Generalitat que la institución le debe todo lo que ha pagado como avalista.