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VALENCIA (EP). La clínica Mediterránea Médica, única en la provincia de Valencia y en Castellón autorizada para practicar abortos de alto riesgo y de más de 12 semanas, tendrá que cerrar sus puertas si los tribunales no le conceden más tiempo para hacer frente a los 216.000 euros que le reclaman ocho de sus extrabajadores en un momento en que la Conselleria de Sanidad les adeuda más 300.000 euros de los 8 últimos meses más 80.000 euros todavía del pasado año.

Así, lo han manifestado este miércoles en rueda de prensa por separado los trabajadores del centro, que harán huelga todos los miércoles hasta que cobren, y el director médico y Administrador gerente de esta Clínica, Josep Lluís Carbonell, en la que han advertido de que si esta "ONG de servicio público" cierra no sólo se perderán 18 puestos de trabajo, sino que las mujeres embarazadas de más de 14 semanas tendrá que irse fuera de Valencia para poder abortar. La clínica practica 30 interrupciones de embarazos al mes.

Los trabajadores van a realizar asimismo protestas frente al TSJ y a la Conselleria de Sanidad, con el apoyo de la dirección, ya que consideran que "no es justo que estos cuatro exempleados cobren toda la indemnización de golpe" mientras que ellos no sólo no cobran sus nóminas al día sino que pueden perder sus trabajos. "¿Es justos que para que ellos cobren la clínica cierre y 14 trabajadores perdamos nuestros empleos", se han cuestionado.

Carbonell ha destacado que ayer mismo recibieron una llamada de Conselleria en la que les trasladaron que estaban preparando un expediente de resarcimiento para pagar hasta agosto, aunque si se cumplieran "volverán a deberles parte de 2013 y lo que se genere hasta el siguiente pago". Además, le pide que permita a la mujer elegir la clínica donde quiere abortar.

Al respecto, ha explicado que el origen de los problemas de esta "casi ONG" se remontan al año 2012 cuando la conselleria les dejó de pagar durante 13 meses seguidos, lo que les impidió pagar a sus trabajadores las nóminas durante cinco meses para poder hacer frente a los proveedores y mantener así abierta la clínica.

Ante esta situación, 14 de los 19 trabajadores se acogieron al artículo 50, 1b del Estatuto de los Trabajadores, para ser indemnizados con 45 días por años trabajado, lo que arrojaba "la astronómica e inasumible" cantidad de 459.000 euros.

El doctor Carbonell ha explicado que la empresa vendió todos sus bienes para afrontar esta cantidad y recaudó 170.000 euros con los que abonó tres meses de salarios y pudo resistir hasta que Sanidad pagó parte de la deuda y pudo poner así al día todas las nóminas atrasadas.
Entonces, seis de esos 14 trabajadores retiraron su petición de ser despedidos y siguieron en la empresa.

Del resto, con cuatro de ellos se llegó a un acuerdo de pago de 33 días por año trabajado a pagar durante un año, unos 104.000 euros. Sin embargo, al no poderles pagar "puntualmente cada mes" por "los nuevos retrasos crónicos" de Conselleria, estos trabajadores presentaron una demanda de embargo para cobrar toda la indemnización a la vez. Por ello, les pide "un poco de solidaridad" con sus compañeros y con las mujeres y que acepten un aplazamiento.

Además, otros cuatro trabajadores persistieron en su recurso de ser despidos con 45 días por año trabajado, lo que supone un desembolso de 112.000 euros, a la que tampoco pueden hacer frente. Sin embargo, el juzgado de lo Social número 4 de Valencia dictó sentencia a favor de los trabajadores ante el que la empresa presentó un recurso de reposición ante el TSJ, que se resolverá el 23 de septiembre.

CONTEXTO

En este recurso se alega, ha indicado, que también se debe aplicar el artículo 3 del código civil en el que se dice que aplicación de las normas debe tener en cuenta el contexto. Si pierden el recurso ha señalado que no podrán devolver los 112.00 euros que han recogido para hacer frente a la fianza que exige la ley, por lo que tendrán que cerrar.

Al respecto, ha criticado que estos trabajadores pueden volver a la clínica pero que prefieren "no trabajar y quieren que se les dé todo ese dinero de golpe, engrosando las listas del paro con el consiguiente incremento del gasto social", lo que no ve justo ni para los compañeros, que pueden perder sus trabajos, ni para el sistema.

De este modo, las mujeres de Valencia y Castellón verán dificultada "su derecho a abortar". Además, ha advertido de que si se aprueba la "paleofranquista" Ley Gallardón volverá a practicar abortos clandestinos, siempre gratuitos, como ya hizo.