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VALENCIA. "La financiación de los continuos desequilibrios patriomoniales de RTVV y sus sociedades debería ir acompañada de un conjunto de medidas excepcionales de carácter estructural en el marco de un plan de viabilidad a medio y largo plazo, al objeto de paralizar el proceso de deterioro y reestableer su estructura patrimonial y su situación financiera". Este párrafo, sin modificación alguna, se repitió desde 2003 en los informes de la Sindicatura de Comptes sobre la situación económica de Canal 9.

Pero pese a la insistencia del fiscalizador de las cuentas públicas, ni la dirección de RTVV ni la Generalitat, accionista único, hicieron nada hasta que la situación se convirtió en insostenible, con más de mil millones de euros de deuda, pérdidas recurrentes y una estructura que la abocó al polémico cierre ordenado por el Consell de Alberto Fabra. 

En todos esos años de agonía, el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, que accedió al puesto en 2003, ha sido testigo de excepción. Los informes que firmó año tras año denunciaron no solo los gastos excesivos sino también las numerosas irregularidades que se detectaban en contratos como los de los derechos sobre el fútbol o con productoras. 

¿Hubo neglicencia penal en la gestión de RTVV? El juzgado de Paterna que investiga presuntas irregularidades en contratos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha decidido llamar a declarar como testigo a Vicente Queralt para que explique su opinión sobre cómo se administró la empresa pública. Será el próximo día 26 de este mes de septiembre cuando acuda a prestar testimonio.

En el caso están imputados los últimos directores generales tanto de Canal 9 y Ràdio 9: Lluís Motes, Nuria Romeral, Luis Redondo, Lola Johnson y José López Jaraba. La denuncia la interpuso Compromís y se centra en unos supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en RTVV.

Los cinco han prestado ya declaración y la juez ha decidido continuar con las investigaciones y, de momento, no archivar el caso. Además de Vicente Queralt, también ha decidido llamar como testigo a la última directora de RTVV, Rosa Vidal, que accedió al cargo en una sociedad distinta a la que acumuló la deuda.

LA DENUNCIA

El 'modus operandi' era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.

En concreto, la denuncia abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, Compromís expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

Los denunciantes consideran que los cinco exdirectivos de RTVV ejecutaron cargos mercantiles "con desprecio manifiesto de la más elemental 'lex artis' mercantil y empresarial, y al margen de sus deberes en relación con la situación financiera del ente", contrataron "incumpliendo los procedimientos legales" y "ocultaron contratos aduciendo para ello una presunta confidencialidad impropia en la gestión de fondos públicos".

También les considera responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.