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VALENCIA. El Consell aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, un texto legislativo con el que el Gobierno de Alberto Fabra quiere dar una imagen de cambio en la gestión del dinero público y que, en el fondo, corrige una serie de vicios y formas de funcionamiento de la Generalitat Valenciana que, leídas de carrerilla, como hizo el vicepresidente José Císcar en su presentación, evocan a la peor de las etapas de la Generalitat Valenciana. 

Un ejemplo emblemático: los regalos que un alto cargo del Gobierno valenciano reciba por razón de su cargo deberán declararse y se harán públicos, tanto si se los quedan o como si se devuelven por ser excesivos. "Desde una caja de tomates a una pluma Montblanc", puso como ejemplo el vicepresidente Císcar. ¿Unos trajes? El vicepresidente no quiso entrar en la hipótesis de qué hubiera ocurrido si esta obligación legal hubiera estado vigente cuando la trama Gürtel obsequiaba al presidente Francisco Camps, al vicepresidente Víctor Campos o al jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, con ropa.

Lo cierto, en todo caso, es que esos cohechos impropios -como quedó demostrado en las dos condenas firmes a Campos y Betoret (no a Camps, que fue absuelto en el juicio)- fueron la punta del iceberg de lo que la investigación judicial posterior ha desvelado como una relación sospechosa entre una serie de empresas, lideradas en Valencia por Álvaro Pérez El Bigotes, y toda la administración autonómica. 

La transparencia que exigirá la ley cuando se apruebe y entre en vigor hubiera sacado a la luz pública todos los contratos menores que siguen siendo investigados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y por los que hay imputados decenas de altos cargos de la era Camps. 

Císcar acabó reconociendo que con las exigencias de transparencia en la contratación pública y en otros comportamientos de los altos cargos sería "muy difícil" que se pudieran producir los casos judiciales que definen todo una etapa del Consell. 

LAS NOCHES DE HOTEL DE ESTHER PASTOR

Pero no solo a la época de Camps se puede aplicar la exigencia de transparencia en el control del dinero que impondrá la nueva ley. Entre el articulado del anteproyecto se incluye la obligación de declarar públicamente los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat Valenciana realizados en función de cada alto cargo, indicando el objeto, la fecha y su coste total.

Esta norma, por ejemplo, serviría para saber sin esperar a filtraciones las razones por las que la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales, Esther Pastor, cargó noches de hotel en Madrid a la Generalitat, unos gastos que provocaron que la organización ultraderechista Manos Limpias se querellara contra ella por uso indebido de dinero público.

El Consell, en el momento en que se hicieron públicas aquellas facturas, aseguró que los viajes de Pastor y sus noches de hotel correspondientes obedecían a reuniones propias de su cargo, sin especificar más. Una respuesta que, con la ley en vigor, no solo llegaría tarde sino que sería insuficiente.

Los gastos de la caja fija, por poner otro ejemplo de la ley que propone el Consell, también deberán declararse al detalle de forma pública. Las famosas compras de Presidencia para la cocina del Palau de la Generalitat autorizadas también por Pastor, lo que se bautizó de forma irónica como el Ñoragate, también hubieran visto la luz sin esperar a ser develadas por un periódico.

CONSELLERS BAJO UN CONTRATO PROGRAMA

Más allá de las normas de transparencia, el anteproyecto de ley también incluye normas de buen gobierno para todos los altos cargos del Consell. El más relevante es el que vinculará el 10% del salario de estos altos cargos a la consecución de unos objetivos marcados por un contrato programa, un cumplimiento que será auditado por un organismo externo, aún por definir. 

Esos mismos altos cargos deberán hacer una declaración de bienes que se hará pública y que deberá actualizarse cada vez que se produzca una modificación en el patrimonio. 

Son algunos de los puntos que recoge una ley que ahora deberá iniciar su trámite parlamentario. La intención del Consell es aprobarla esta legislatura. La norma implica una actitud proactiva del Gobierno valenciano en la difusión de toda la información sobre su actividad, desde el destino de las subvenciones -obligando a los beneficiarios a ser igualmente transparentes si reciben más de 10.000 euros (¿caso Blasco?)- a la apertura de procesos de mayor participación pública en la gestión, como la posibilidad de presentar iniciativas populares no legislativas con 25.000 firmas. El incumplimiento de la ley una vez aprobada tendrá un regimen sancionador.