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VALENCIA. El Consell ha aprobado este viernes el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. La futura norma tiene varios ejes básicos de actuación: acercar la administración a todos los ámbitos de la ciudadanía; garantizar la transparencia de la actividad pública de la Administración y de su Gobierno; facilitar el acceso a la información pública; establecer las bases de los principios del Buen Gobierno; y arbitrar mecanismos de participación de los ciudadanos en la propuesta y elaboración de las normas.

Entre los principales aspectos que se incluyen en el anteproyecto de ley, destaca la retribución variable de los altos cargos en función del cumplimiento de los objetivos asignados, de modo que el sueldo estará vinculado a un contrato programa que contendrá los objetivos a cumplir. Esta medida será evaluada por una entidad experta e independiente.

Otro punto relevante es el tratamiento de los obsequios recibidos por razón del cargo. A través de un reglamento se fijará la regulación detallada sobre los regalos, que obligará a la inclusión de los mismos en un registro público.

Asimismo, la nueva normativa establece la publicación de los gastos de caja fija detallados por órganos directivos y de los estudios de opinión, con indicación de los importes por gastos de elaboración y empresa adjudicataria.

El texto íntegro del Anteproyecto de Ley de Transparencia se publicará en el portal Gva Oberta (www.gvaoberta.gva.es) para que ciudadanos y organizaciones puedan realizar sus aportaciones hasta el 25 de septiembre. Las propuestas serán consideradas y analizadas en la redacción final del proyecto de ley. 

Asimismo, se va a enviar el texto a los síndicos portavoces de los distintos grupos parlamentarios de Les Corts para su estudio, de modo que en las próximas semanas se pueda consensuar el texto definitivo del proyecto de ley.

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Una vez reelaborado el texto con todas las aportaciones pertinentes, se solicitará el dictamen del Consell Jurídic Consulti antes de que el texto sea debatido en Les Corts. El objetivo es que sea aprobado esta legislatura, tal y como anunció el President Alberto Fabra en el Debate de Política General.

El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana se divide en cuatro títulos, que cuentan con 33 artículos; además, nueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La nueva normativa establece la información que debe hacerse pública, como los contratos formalizados, los convenios de colaboración, las subvenciones y ayudas públicas, las cuentas anuales o las retribuciones de los altos cargos, entre otros aspectos.

Otro apartado indica los criterios de Buen Gobierno que afectan a los miembros del Consell, a los altos cargos y a los cargos asimilados del sector público. En esta sección se detallan aspectos como el registro de los obsequios recibidos, la declaración de bienes, actividades y derechos patrimoniales y la retribución variable de los altos cargos en función del cumplimiento de los objetivos asignados.

COMPARATIVA CON LA ESTATAL 

Cabe destacar que la futura Ley de Transparencia del Consell supera a la ley estatal en varios aspectos, como la vinculación del salario de los altos cargos al cumplimiento de los objetivos; la publicación de los gastos de caja fija por órgano directivo; el registro de obsequios; la publicación de la información relativa a los estudios de opinión o la obligación de publicar el gasto anual en campañas de publicidad.

Se introducen dos mecanismos de participación proactiva de los ciudadanos: uno sobre la consulta pública de proyectos a través de la plataforma Gva Oberta, y otro que permitirá a los ciudadanos, presentando 25.000 firmas acreditadas, proponer normas y procesos para que el Consell los valore y en su caso adopte.

Además, las entidades privadas o personas jurídicas que reciban ayudas o subvenciones públicas por importe superior a 10.000 euros, o cuyos ingresos anuales estén financiados en, al menos, un 40% con fondos públicos, tendrán la obligación de cumplir el principio de publicidad activa.

La Ley de Transparencia será aplicable, con diferentes obligaciones para cada uno, a la Administración de la Generalitat, Les Corts, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu, la totalidad del sector público de la Generalitat, tanto administrativo como empresarial y fundacional, las universidades públicas valencianas y las corporaciones de Derecho Público.