VALENCIA. Jean Claude Juncker, el representante del partido europeo más votado en las elecciones de mayo de 2014, ha sido nombrado oficialmente por el Consejo Europeo como candidato a la presidencia de la Comisión Europea el pasado 27 de junio, con el beneplácito de 26 de los 28 estados miembros de la UE, con los votos en contra de Reino Unido y Hungría.
El futuro presidente ya ha escrito a los jefes de estado y de gobierno de la UE para invitarles a que propongan sus candidatos al puesto de comisario europeo. Una vez finalizada la lista, los comisarios designados se someterán al examen del Parlamento Europeo en sus respectivas áreas de responsabilidad. Está previsto que estas audiencias se celebren entre septiembre y octubre de este año. Una vez que todos los comisarios propuestos hayan superado esta prueba, el Parlamento Europeo votará la investidura de la nueva Comisión Europea en un voto colegiado para comenzar su mandato el próximo 1 de noviembre.
Juncker presentó el 15 de julio en Estrasburgo las orientaciones políticas -denominadas «Un nuevo comienzo para Europa»- que marcarán su gobierno, siendo consciente de que en estos últimos años Europa ha sufrido la peor crisis económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial. Además -señala-, esta crisis se ha cobrado un peaje muy elevado; más de seis millones de europeos perdieron su empleo durante estos años de crisis.
Me gustaría destacar varias ideas del futuro presidente de la Comisión. En primer lugar, hace hincapié que no se puede basar un crecimiento sostenible en montañas de deuda cada vez mayores. Serán las empresas, y no los gobiernos o las instituciones de la UE, las que crearán empleo. Propone un plan de inversiones por valor de 300.000 millones de euros de inversión pública y privada para los tres próximos años con el objetivo de dar un nuevo impulso al empleo, el crecimiento y la inversión.
Inversiones que se centraran en infraestructuras, en particular, en redes de banda ancha y redes energéticas, así como en infraestructuras de transporte en los centros industriales, y también en educación, investigación e innovación, energías renovables y eficiencia energética. Un mercado único digital; una nueva Unión Europea de la energía; un mercado interior que restaure el peso de la industria en el PIB de la UE hasta el 20% son algunas de las orientaciones esbozadas por el líder europeo.
En este contexto, es importante destacar que la Comunitat Valenciana ha hecho sus deberes. Ya ha enviado a Bruselas sus propuestas de inversiones con fondos estructurales hasta el año 2020 para su aprobación: 300 millones de euros para conceder créditos a las empresas de nuestra región, 162,8 millones para un plan de empleo juvenil, 1.216 millones para inversiones en innovación, nuevas tecnologías y eficiencia energética y, finalmente, 354,8 millones para actuaciones de empleo y formación con las que se espera que más de 420.000 valencianos mejoren su cualificación profesional y que 183.000 encuentren empleo durante el periodo de ejecución del programa.
Este impulso regional sustentado con fondos comunitarios, así como las inversiones previstas para toda la UE permitirán en gran medida hacer del título de las orientaciones de Juncker una realidad; permitir «un nuevo comienzo para Europa».
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* Juan Viesca es director general
de Proyectos y Fondos Europeos
de la Conselleria de Hacienda
Interesante anuncio. Traduzco: Dado que el “austericidio” y el rescate bancario han dejado las presupuestos públicos exhaustos, y que, en perfecta sintonía, los Estados Miembros han decidido recortar la política de cohesión europea, necesitamos acudir al capital privado para que co-financie esas iniciativas. Perfecto, salvo que eso se lleva diciendo al menos 20 años, sin demasiado éxito. Algunas dudas. ¿De qué instrumentos de los recomienda la UE se ha dotado la Comunitat Valenciana en esos años para permitir esa participación del capital privado? De…¿ninguno?, a diferencia de otras CCAA y Regiones Europeas. Así que ahora habrá de hacerse aprisa y corriendo…e intentar que no sea pagando con capitales públicos a los “amigos” privados. ¿Ha participado la “sociedad civil” (empresas, sindicatos, universidad, colegios profesionales…) en la elaboración de esos planes como aconseja la UE? No he leído nada al respecto. ¿Sabe esa “sociedad civil” que estamos en la UE y para qué sirve ésta? No lo parece…. ¿Nos deja el Ministro Montoro que enviemos esos planes a Bruselas directamente? ¿ la GV impone su posición? Lo dudo. ¡Qué sueño es la transparencia administrativa!
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