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VALENCIA. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha de cuadrar las cuentas y con lo que actualmente transfiere el Estado no hay bastante. Ante la negativa del gobierno de Mariano Rajoy a agitar el avispero de la reforma del sistema de financiación autonómica, la Generalitat ya prepara un plan B para salir adelante si Madrid sigue sin dar su brazo a torcer.

Aunque el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su equipo siguen reivindicando el cambio en el actual sistema, que sólo cubre un 89% de los costes de Sanidad y Educación, el pragmatismo obliga a poner sobre la mesa otras alternativa que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pueda aceptar como "un mal menor" al incumplimiento de sus objetivos.

En palabras del conseller Moragues, las alternativas para ingresar más son tres: subir impuestos, endeudarse más o que el ministerio adelante fondos, hasta que se abra el melón de la reforma de la financiación inicialmente prevista para 2014 y aplazada sin fecha por el ejecutivo estatal.

SUBIR IMPUESTOS A CONTRA CORRIENTE

"Hay una cartera de servicios públicos fundamentales que tienen que estar garantizados como las pensiones o la prestación por desempleo que, independientemente de dónde se viva, se tienen que percibir en igualdad de condiciones. Lo mismo debe ocurrir con la dependencia, la sanidad o la educación", advierte Moragues.

Sin embargo, la incapacidad de contar con fondos suficientes desde la Generalitat hace que estos derechos se pongan en riesgo y se genere una desigualdad entre las comunidades que sí pueden garantizar los servicios mínimos al recibir del Estado una media del 110% de lo que significa para ella los gastos en Sanidad, Educación y Bienestar Social, y las que no: Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana.

Políticamente, la subida de impuestos no es plato de gusto para ningún gobierno, especialmente en la situación económica actual y a unos meses de las elecciones autonómicas y municipales y a un año de las generales. Además, Rajoy aseguró este mismo año que ha llegado la hora de bajarlos, tras la subida que aplicó en 2011 sobre el IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

MAYOR ENDEUDAMIENTO O ADELANTO DE PAGOS

Conseguir licencia estatal para contraer más deuda es el otro cartucho del que quiere disponer el Consell, y Moragues relativiza sus efectos perjudiciales. "No preocupa tanto la deuda como el servicio de la deuda", señala. Desde su perspectiva, es "importante" tener una deuda del 34% (lo que significa un gasto financiero del 1,2% del PIB o, lo que es lo mismo, 1.200 millones de euros en intereses), pero depende de a qué se destine.

Lejos que equiparar esta idea de la deuda con la diferenciación entre los gastos legítimos y los ilegítimos que hace la oposición, el conseller de Hacienda entiende que contraer nuevos créditos en la situación actual debe ponerse en relación al fin para el que vayan, como sería el caso de los gastos en servicios públicos fundamentales.

Si ninguna de estas opciones fuera aceptada por Montoro o sólo lo fueran de forma parcial, la carta que quedaría en la mano sería la solicitud de un adelanto de los fondos de compensación que el sistema contempla para superar el desequilibrio que actualmente se genera.

El problema es que habitualmente tardan unos dos años en llegar y, al abrirse cada vez más la diferencia entre gastos e ingresos, el dinero que podría haber caído como de mayo en su momento, cuando se efectúa el pago se queda corto. Acortar los plazos de entrega permitiría mejorar su efecto positivo en las cuentas de la Generalitat.