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VALENCIA. "Tras unos días de descanso, primera reunión trabajo para afrontar el intenso nuevo curso político con las pilas cargadas". Con estas palabras ha acompañado la cuenta de Twitter del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, la imagen del primer encuentro con la plana mayor de la conselleria este lunes.
En mangas de camisa, pero con la refrigeración a pleno rendimiento, Moragues ha compartido mesa con el secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Enrique Montes; la tesorera de la Generalitat, Amparo Haro Cortés; directores generales como Juan Manuel Viesca (Proyectos y Fondos Europeos); además del jefe de gabinete del conseller, Luis Nogueroles.
Los frentes que se le abren a partir de la vuelta al trabajo no son nuevos, pero se ven agudizados por nuevas tensiones de tesorerías, el previsible incumplimiento del déficit y la negativa del Ejecutivo de Madrid a permitir que se asome la carta que confiaba el Consell sacarse de la manga: la reforma del sistema de financiación autonómica.
PRIMERAS ESTACIONES
El primer jalón de su camino llegará en un par de semanas, cuando se publique la Cuenta General correspondiente a 2013. Aunque ya se ha publicado la liquidación del Presupuesto del año pasado, este documento pondrá negro sobre blanco la situación de cada una las empresas y entidades públicas, llevando al detalle de por qué se alcanzó un déficit de 2,33%, 561,77 millones de euros.
Ya metidos en septiembre, Moragues tendrá que viajar a Madrid para enfrentarse a un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y verse las caras con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la pasada cita, se consiguió volver en tablas, ya que no se le exigieron al Consell nuevos recortes, aunque tampoco se atención a sus reivindicaciones.
Es en este escenario en el que tendrá que aprobarse el Plan de Estabilidad Financiera (PEF), el principal caballo de batalla entre el Gobierno central y la Generalitat. El Consell insiste (lo hizo ayer de nuevo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra) en que no hay margen para más recortes y se niega a plantearlo en ese documento.
Sin embargo, esta vez no se prevé que el ambiente sea más propicio a los intereses de la Generalitat, ya que altos cargos como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no ha dudado en manifestar en público que en opinión del ministerio la Generalitat tiene margen para recortar "y el conseller lo sabe".
Sin los recortes y sin la mejora de la financiación autonómica, un asunto esencial que ha dejado de serlo porque el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dicho por activa y por pasiva que no va a cambiar el modelo, la posibilidad de que el Consell cumpla con el déficit del 1% es una quimera. Saber qué medidas tomará el Gobierno ante esta insobordinación de la Generalitat es una incógnita, con el fantasma de la intervención en el aire.
'DEADLINE' CADA VEZ MÁS PRÓXIMA
La 'deadline' más próxima se sitúa en el mes de noviembre, cuando no sólo se tendrán que aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2015 y su Ley de Acompañamiento, sino que para entonces se prevé tener que echar mano una vez más del comodín del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Desde la Generalitat se prevé rebañar para entonces algunos millones más del sobrante del FLA, como ya se hizo en junio. Con ellos el Consell quiere salvarse de nuevas tensiones de tesorería para poder llegar hasta el final del ejercicio y salvarse por la campaña de nuevos problemas de liquidez.
La cuestión es cómo lidiará Moragues con esos dos asuntos clave. Por un lado, la elaboración de unos presupuestos para un año electoral con las limitaciones por el incumplimiento del déficit y sin nuevos ingresos, ya que el Gobierno sigue sin dar señales de vida a la petición de aumentar en más de 1.000 millones, aunque sea de forma adelantada al cambio del sistema, lo que transfiere a la Generalitat, como pide el Consell. Sin inversiones nuevas, los consellers tendrán un problema a la hora de vender públicamente su gestión.
Por otro, la gestión de la tesorería en la recta final del año y en el arranque del nuevo ejercicio y evitar la conflictividad social en vísperas de las elecciones autonómicas.
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