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MADRID (EP). El buzón de lucha contra el fraude laboral puesto en marcha por el Ministerio de Empleo hace un año ha permitido aflorar 143 empleos irregulares en la Comunitat Valenciana, liquidar cuotas a la Seguridad Social por importe de 45.731,61 euros e imponer sanciones a las empresas infractoras por 583.936,61 euros. La autonomía es la cuarta con mayor número de empleos irregulares detectados tras Andalucía, Madrid y Castilla La Mancha, aunque la segunda con mayor importe en sanciones.

A nivel nacional, han sido 1.592 los empleos irregulares que han aflorado, se han liquidado cuotas a la Seguridad Social por importe de 1,4 millones de euros y se han impuesto sanciones a las empresas infractoras por valor de 4,4 millones de euros, según ha informado este viernes el Departamento que dirige Fátima Báñez. Como consecuencia de las denuncias efectuadas a través de este buzón, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició 8.192 actuaciones, de las que ha resuelto ya un total de 5.377.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso a disposición de los ciudadanos esta herramienta en agosto de 2013, con el objetivo de que pudieran notificarse conductas fraudulentas en el ámbito laboral para su análisis posterior y, en su caso, para su investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según ha recordado Empleo, una vez analizadas las comunicaciones, la información disponible se incorpora a la actividad planificada de la Inspección, salvo en aquellos casos en que por razones de urgencia o gravedad se estime necesaria su realización inmediata.

Además, en este buzón se pueden presentar por vía telemática denuncias por parte de los trabajadores que sean víctimas de prácticas de fraude laboral y a la Seguridad Social en las mismas condiciones en las que se realiza por vía presencial, teniendo el servicio de Inspección "un deber absoluto de reserva" sobre la identidad del denunciante, por lo que, según el Ministerio, "existe una garantía absoluta de confidencialidad".

En opinión del Departamento que dirige Fátima Báñez, el "elevado" número de actuaciones realizadas gracias a este buzón evidencia "la importante concienciación social con el problema del empleo irregular y fraude en Seguridad Social".

En este campo, el Ministerio presentó el pasado mes de julio la campaña divulgativa y de concienciación 'Dale la vuelta al fraude' y puso en marcha en abril de 2012 el plan de lucha contra el empleo irregular 2012-2013.

El impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en 2012, 2013 y hasta mayo de 2014 alcanzó los 9.271 millones de euros, de los que 7.628 millones de euros corresponden al periodo 2012-2013, y 1.643 millones a los cinco primeros meses de 2014.

Desde 2012 se han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares, y las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas creadas con el objetivo de defraudar a la Seguridad Social, han totalizado 5.496, multiplicando por más de ocho las del periodo 2010-2011.

En 2012 y 2013 se anularon 2.078 inscripciones de empresas ficticias, más de tres veces más que en 2010-2011, y 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos.

DATOS POR COMUNIDADES DEL BUZÓN ANTIFRAUDE

Por comunidades autónomas, el mayor número de empleos sumergidos aflorados por el buzón antifraude se dio en Andalucía, con 422, seguido de Madrid (211), Castilla-La Mancha (149), Comunitat Valenciana (143), Canarias (127), Castilla y León (115), Cataluña (94), Baleares (74), Cantabria (57), Galicia (48), País Vasco (47), Asturias (35), Aragón (24), Navarra (8) y La Rioja (6). La única comunidad donde no se afloró ningún empleo irregular fue Murcia, junto a la ciudad autónoma de Melilla. En Ceuta, por el contrario, se destaparon cuatro empleos irregulares.

En cuanto a las sanciones a empresas impuestas gracias al buzón antifraude, Andalucía también encabezó el ranking autonómico, con 835.997 euros, seguida de Comunitat Valenciana (583.936 euros), Madrid (549.763 euros), Cataluña (381.659 euros), Castilla-La Mancha (370.457 euros), Baleares (356.105 euros), Castilla y León (268.994 euros), Cantabria (251.052 euros), Canarias (238.665 euros), Asturias (133.155 euros), País Vasco (131.281 euros), Galicia (99.526 euros), Extremadura (81.972 euros), Aragón (50.636 euros), Navarra (38.132 euros), La Rioja (12.478 euros) y Murcia (626 euros).

En Ceuta se impusieron sanciones por valor de 24.380 euros, no así en Melilla, donde la Inspección sólo realizó una actuación sin levantar ninguna acta de infracción.