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VALENCIA. Santiago Calatrava tendrá que comparecer el próximo 4 de septiembre ante el juez de Castellón que investiga el posible uso irregular de fondos públicos por parte de la Generalitat en el fallido proyecto de construir un centro de convenciones en Castellón. El arquitecto declarará en calidad de imputado -no como mero testigo- para explicar cómo se gestó el encargo entre la Generalitat y su despacho para realizar el diseño por el que cobró 2,7 millones de euros. 

Lo que investiga el juez es si la Generalitat vulneró la ley de contratación pública al encargar sin concurso previo este proyecto así como los sobrecostes pagados sobre el precio pactado inicialmente por las modificaciones que introdujo el arquitecto. Estos cambios, de hecho, son parte esencial de la investigación ya que hay discrepancias sobre si Calatrava los hizo a iniciativa propia o por encargo de la Generalitat. 

El caso del auditorio de Castellón es, en todo caso una muy pequeña parte de la larga relación de negocios del arquitecto valenciano con la Generalitat. De hecho, ni tan solo es el más escandaloso pese a que se pagó con dinero público una factura de 2,7 millones de euros por un proyecto que acabó desestimado con la llegada de la crisis económica. Hasta 15 millones de euros cobró Calatrava por el proyecto de los tres rascacielos que debían levantarse junto a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El ambicioso conjunto arquitectónico nunca dejó de ser más que una maqueta.

CASI 100 MILLONES POR LA CIUDAD DE LAS ARTES

La factura de la Generalitat con Calatrava solo por la Ciudad de las Artes y las Ciencias ronda los 100 millones de euros. Hace un par de años Esquerra Unida desveló que, según los datos de la propia empresa pública, los honorarios percibidos por el despacho del arquitecto alcanzaban los 94 millones de euros solo por sus trabajos en el complejo de ocio de Valencia.

Aunque a lo largo de la construcción del complejo las condiciones contractuales han variado, lo cierto es que Calatrava siempre ha vinculado el valor de su trabajo al coste final de la obra. Cada vez que se introducían modificaciones en las obras, aumentando el precio final, su remuneración también aumentaba.

De igual manera que el juez que investiga el origen del encargo del Centro de Convenciones de Castellón, en el complejo de Cacsa han surgido en distintas ocasiones dudas sobre la legalidad de los pagos por los elementos que se fueron añadiendo con el paso de los años. No hay que olvidar que el proyecto inicial solo comprendía el Museo de las Ciencias, L'Hemisfèric y una torre de comunicaciones que al final se cambió por el Palau de les Arts.

L'Umbracle, el puente de L'Assut d'Or, L'Àgora o el propio diseño de los rascacielos se encargaron posteriormente al arquitecto -en algunos casos incluso surgieron de su propia iniciativa- sin que hubiese concurso alguno. La Generalitat siempre se ha amparado en la peculiaridad del complejo para justificar que sea el arquitecto el autor de todos los edificios (con la excepción de L'Oceanogràfic).

Sin embargo, pese a los sobrecostes y a los problemas constructivos que acumula el complejo -el trencadís del Palau de les Arts es el más llamativo, pero hay bastantes más- nunca han supuesto un problema en la relación de la Generalitat con el arquitecto. Solo el desprendimiento de la cubierta del recinto operístico está a punto de desembocar en la primera denuncia judicial.  

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