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VALENCIA (EFE/VP). El magistrado del caso Gürtel en Valencia ha concluido la instrucción de la pieza sobre contratos de la Generalitat con la trama y ha procesado a 27 personas, entre ellas la cúpula de Gürtel, un diputado del PP y tres exconsellers, y ha retirado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller.
La pieza sobre la supuesta financiación irregular del PPCV cuya instrucción ha concluido es la número cinco, referida a la supuesta prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa.
El juez aprecia en los 27 procesados, entre los que figuran el diputado autonómico del PP y ex secretario autonómico de Deporte David Serra, los exconsellers Manuel Cervera, Luis Rosado y Alicia de Miguel, y ex altos cargos de varias consellerias, indicios de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.
El auto que pone fin a la instrucción de esta pieza también procesa a la cúpula de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Isabel Jordán, Cándido Herrero y Mónica Magariños, por tener poder de decisión "relevante" y presuntamente conocedor de lo que se estaba haciendo.
Según el auto del magistrado José Ceres que declara concluidas las diligencias previas, de 263 páginas, se archiva provisionalmente la imputación de seis imputados: el alcalde de Castellón, la ex secretaria autonómica de Deporte Niurka Montalvo, la ex directora general de la Mujer Clara Abellán y tres ex altos cargos de Sanidad.
El auto expone la "irregular y plural" contratación administrativa por distintas consellerias, empresas públicas y una fundación a Orange Market y sociedades del Grupo Correa, beneficiarias de "gran cantidad de contrataciones con vulneración" de los principios de publicidad y libre concurrencia.
Señala que esa mercantil era la que "al propio tiempo y en dichas anualidades" se encargaba de organizar los actos del PPCV, por lo que pudiera existir un delito de tráfico de influencias a raíz de las "posibles buenas relaciones" que mantenían con altos cargos del PPCV.
El juez cita un "modus operandi" consistente en la presentación de sociedades del grupo, radicadas en Madrid, a los procedimientos negociados de contratación sin publicidad y con "presunta" invitación, que presentan "gran número de manifiestas y relevantes irregularidades que causaron sorpresa a algunos empleados públicos".
En algunos casos, la confianza en la adjudicación era tal que se comenzaba a ejecutar el servicio "mucho tiempo antes" siquiera de iniciarse el procedimiento administrativo, e incluso los pliegos se diseñaban "a posteriori", explica el auto, que califica de "sorprendente" la "tolerancia" en los fraccionamientos de los contratos.
También alude a la "sugerencia y colaboración" en algunas ocasiones de empleados públicos para cambiar los conceptos de las facturas, con la presunta finalidad de "posibilitar su pago" y "obstaculizar" la detección de irregularidades, mientras que varios empleados públicos declararon que las contrataciones con Orange Market tenían "connotaciones de cierta influencia política".
Entre los procesados figuran la exconsellera de Bienestar Social Alicia de Miguel; los exconsellers de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado; el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro; la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars; y la gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero.
El exsubdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós, el ex director general de Vaersa Juan Miguel Bellver; la ex directora general de Archivos Silvia Caballer; la ex secretaria autonómica de Educación Auxiliadora Hernández, y la exgerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, Aranzazu Vallés, son otros de los procesados.
A ellos hay que sumarles a Vicente Farnós de los Santos, Antonio Santo Juan, Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Enrique José Bort, Inmaculada García, Paula de Cubas y José Manuel Vidal.
El magistrado ha dado un plazo de diez días para que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El PPCV está recibiendo palos por todas partes desde al ámbito judicial, lo que genera el descrédito y la sospecha permanente en la sociedad. En estas circunstancias, la regeneración del PPCV pasa necesariamente por gente joven, que no haya podido tener ninguna responsabilidad en todo lo que es objeto de atención por parte de jueces y fiscales anti-corrupción.
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