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VALENCIA (EFE). El Grupo Parlamentario Popular se ha mostrado en contra de solicitar la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Congreso de los Diputados para aclarar la situación en la que se encuentra el almacenamiento subterráneo de gas Castor.

Los grupos Mixto y de la Izquierda Plural habían solicitado la comparecencia de Soria después de que la propietaria del proyecto, la sociedad Escal UGS -participada por el Grupo ACS en un 66,67 %-, renunciara la pasada semana a esta concesión, cuya actividad se interrumpió en septiembre del pasado años tras detectarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

Durante su intervención en la Diputación Permanente, el diputado de ERC Joan Tardà ha subrayado que ahora es necesario saber "qué va a ocurrir" y "quién se hace responsable" del proyecto, además de "cuándo se va a desmantelar la plataforma" y con qué coste, algo que en su opinión debe desvelar el ministro.

De la misma manera, desde la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha planteado la posibilidad de que, tras los seísmos, "tuviéramos que pagar con dinero público" el coste de lo que ha considerado una "chapuza morrocotuda".

En cambio, el diputado del PP Rafael Antonio Hernando ha defendido que ahora el Gobierno lo único que puede hacer es cumplir lo que señalan la normativa y el Tribunal Supremo, al mismo tiempo que se ha opuesto a la petición de comparecencia de Soria al considerar que "no ha habido en ningún momento opacidad" en esta cuestión.

De esta manera, la mayoría absoluta del PP en el Congreso bloquearía la petición de comparecencia, algo que se hará efectivo en las votaciones previstas para el final de la jornada.

Hasta ahora, el Gobierno ha evitado referirse a la posible indemnización que correspondería a Escal UGS en caso de renuncia a la concesión o de cierre de la plataforma, que ha remitido a lo que recoge la normativa: el valor residual de la inversión.

Mientras tanto, Escal considera que tiene derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual.

Inicialmente, Castor estaba presupuestado en cerca de 700 millones, aunque, según ha reconocido el propio Soria, el coste total asciende a alrededor de los 1.700 millones.