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VALENCIA (EP). La exdirectora de Televisión Valenciana (TVV) y ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson, ha declarado este miércoles en calidad de imputada, durante aproximadamente una hora y media, en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) por presuntas irregularidades en contratos de Radio Televisión Valenciana (RTVV).

Johnson ha accedido al juzgado sobre las 09.40 horas -estaba citada a las diez de la mañana- acompañada de dos hombres que iban junto a ella en un coche que la ha dejado y recogido a la puerta.

La exdirectora ha sido recibida con pitos por decenas de extrabajadores de la televisión y la radio públicas valencianas que se han colocado a uno de los lados de las vallas instaladas por la Policía para permitir la entrada de la que fuera también consellera del Gobierno valenciano en la época de Francisco Camps. Tras otra valla instalada se han colocado los numerosos representantes de los medios de comunicación.

Los manifestantes han abroncado a Johnson al grito de 'Gürtel' y 'corrupta' y han exhibido pancartas en las que se podía leer 'Els treballadors no som els culpables. RTVV la volem nostra pública, de qualitat i en valencià' (Los trabajadores no somos los culpables. RTVV la queremos nuestra pública, de calidad y en valenciano), así como 'Prevaricació valenciana' y 'Teleimputació'.

Para mañana jueves está fijada la comparecencia del ex director general de RTVV José López Jaraba. La pasada semana también declararon en el juzgado, como imputados, los exdirectivos de RTVV Lluís Motes, Luis Redondo y Nuria Romeral. Los dos primeros defendieron que durante sus etapas como administradores de Ràdio 9 y de la televisión pública tan solo cumplían órdenes que venían de arriba, e insistieron en que tanto los contratos como los gastos y los presupuestos venían dados directamente por la Generalitat valenciana, empresa dueña de la sociedad.

Por su parte, Nuria Romeral aseguró ante el juez que durante su etapa como responsable de la radio pública valenciana su labor se centró en cuestiones técnicas y periodísticas, y que se dedicó a reducir los gastos, a bajar sueldos a los directivos y a aumentar la audiencia siguiendo instrucciones de la dirección general de RTVV, que en aquel momento ocupaba José López Jaraba.

Este procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras. El 'modus operandi' era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.

En concreto, la denuncia abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir. En ella, Compromís expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

DERECHOS DEPORTIVOS

Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

Los denunciantes consideran que los cinco exdirectivos de RTVV ejecutaron cargos mercantiles "con desprecio manifiesto de la más elemental 'lex artis' mercantil y empresarial, y al margen de sus deberes en relación con la situación financiera del ente", contrataron "incumpliendo los procedimientos legales" y "ocultaron contratos aduciendo para ello una presunta confidencialidad impropia en la gestión de fondos públicos".

También les considera responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.