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VALENCIA (EP). La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha asegurado este martes que la Conselleria de Educación no entregó a EUPV la documentación sobre el memorándum de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) porque, cuando la solicitó, se encontraba en proceso de adjudicación y, por lo tanto, "se hubiera viciado absolutamente el proceso". "Evidentemente hicimos lo que entendíamos lo que teníamos que hacer", ha sentenciado.

Así se ha manifestado este martes la también portavoz del Consell en declaraciones a los medios, tras la firma de un convenio con la editorial Planeta para el fomento de las plataformas digitales en el aula, al ser preguntada por la providencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que requiere a la Conselleria que entregue la documentación que le pide EUPV sobre el memorándum de la VIU.

"Por supuesto, nosotros acatamos las sentencias del TSJCV y tengo que reiterar que en su día se pidió ese memorándum cuando todavía no estaba finalizado el proceso de adjudicación", ha matizado.

"Si nosotros hubiéramos hecho entrega en ese momento de esa documentación, probablemente, como es lógico en un proceso de pública concurrencia, hubiera resultado un proceso viciado porque no había terminado la adjudicación, estábamos en pleno proceso de adjudicación de la VIU", ha reiterado la titular de Educación.

Así, ha apuntado que no la Conselleria no tiene "ningún inconveniente" en entregarlo ahora que está "terminado el proceso y absolutamente con todo el rigor y las garantías procesadas que se han desarrollado", por lo que ha asegurado que "próximamente" se podrá en contacto con el grupo parlamentario y "podrán acceder a ese expediente".

NUEVA PROVIDENCIA

En la nueva providencia, el tribunal valenciano requiere a la Administración demandada que "con la mayor brevedad" comunique el nombre y cargo de la autoridad o funcionario responsable de ejecutar el fallo de las actuaciones --la entrega de la documentación--.

En el supuesto de persistir en el incumplimiento del requerimiento, se impondrá --según señala el tribunal-- una multa coercitiva de 1.000 euros, reiterable cada 20 días, y se deducirá testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pueda corresponder.