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BARCELONA. La UGT de Cataluña denuncia el despido de un delegado del sindicato en la empresa Bunge Ibérica, SAU, filial de la multinacional norteamericana líder en moltura de harina de soja para alimentación animal (con sedes en Barcelona, Sant Just, Bilbao y Cartagena).

El trabajador había demostrado que la compañía vende harina de soja por debajo de la calidad contratada por sus clientes, fabricantes de pienso animal como Procasa, Guissona o Nanta

El despido se produjo después de que el trabajador, delegado de personal y de prevención de riesgos laborales, hubiera puesto en conocimiento del jefe del departamento Global Ethics and Compliance de una serie de irregularidades que, en el ejercicio de su función, había podido comprobar dentro de la sede catalana, según informa el sindicato.

Este departamento fomenta que los trabajadores comuniquen internamente cualquier anomalía en la actividad de la empresa, cumpliendo el código ético de la compañía. En su articulado, el código garantiza "la confidencialidad de los datos" y asegura que "Bunge no tolerará represalias de cualquier tipo contra cualquier persona por las denuncias o informes realizados de buena fe".

La información remitida al cargo de la organización demostraba que la empresa incurría en graves irregularidades, como deficiencias en la salubridad de los productos elaborados y la merma de la calidad del producto que venden a sus principales clientes, incumpliendo los contratos firmados, tal y como reza la información suministrada por UGT.

Es decir, Bunge Ibérica entrega a sus clientes un producto de menor calidad que la acordada por contrato. Entre los clientes de Bunge se encuentran los principales fabricantes de piensos del país: Procasa, Nanta, Guissona, Esporc y Piensos Figueres.

Ante las informaciones internas del trabajador, la dirección de Bunge, en lugar de investigar las irregularidades denunciadas, decidió abrir un expediente disciplinario "por el tratamiento irregular de documentación confidencial", expediente que culminó con el despido del trabajador.

Los servicios jurídicos de la UGT de Cataluña han interpuesto una denuncia penal, ante el Juzgado de Instrucción, defendiendo que el concepto de "confidencialidad" siempre se refiere a terceros, es decir, para proteger los intereses de la empresa ante, por ejemplo, los competidores.

Pero no tiene ningún sentido hablar de "confidencialidad" cuando estos datos llegan a conocimiento de la propia empresa, a través de sus representantes. Y menos aún si es para poner esta información al servicio del bien de la empresa, que presuntamente vela por sus intereses a través de sus organismos de código ético.

UGT denuncia que este es un caso fragrante de persecución sindical, y exige la nulidad del despido.