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La imputación de Eusebio Monzó, una "pieza clave" del departamento de Hacienda, es un duro golpe para la conselleria de Moragues
VALENCIA. La Conselleria de Hacienda sufrió este miércoles un duro golpe que supone un difícil obstáculo a superar a corto plazo por el departamento que dirige Juan Carlos Moragues. La imputación del secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, Eusebio Monzó, por supuestas irregularidades en la contratación con el Centro de Convenciones de Castellón le deja, siguiendo los pasos de la 'línea roja' de Alberto Fabra, con un pie fuera de la conselleria en un momento muy delicado.
No en vano Monzó es una "pieza clave", como así la definen fuentes de la Generalitat, en el engranaje del departamento de Hacienda. De hecho, ha sido uno de los encargados de negociar en Madrid los pasos a seguir en la hoja de ruta que conduce a la revisión del modelo de financiación. Ahora, precisamente en un mes de julio en el que el ministro Cristóbal Montoro debe reunirse con el Consell y los empresarios valencianos -aunque todavía no hay fecha- y donde debe producirse un encuentro decisivo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el 'número dos' de Moragues podría abandonar su cargo en las próximas horas por su imputación por una contratación relacionada con su etapa al frente de la dirección general de Proyectos Temáticos.
Desde el Gobierno valenciano se enrocaban este miércoles, evitando adoptar una posición respecto a la continuidad o no del número dos de Moragues. "A día de hoy, Eusebio Monzó no ha recibido notificación sobre su imputación ni sobre que deba declarar este jueves", señalan fuentes oficiales de la Consellería de Hacienda, que entendían que su imputación estaba "en el aire" hasta no tener en la mano la comunicación oficial.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya había hecho público por la mañana que Monzó, junto al ex director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), Javier de Diego, y el que fuera responsable de la oficina del arquitecto Santiago Calatrava y actual subsecretario del ministro Wert, Fernando Benzo, estaban llamados a declarar como imputados este jueves a partir de las 11 de la mañana por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
La situación es comprometida. La doctrina Fabra por la transparencia indica que Monzó debería abandonar el cargo en breve. Aunque el presidente de la Generalitat ha introducido matices en alguna ocasión para diferenciar casos meramente administrativos con los de irregularidades relacionadas con la corrupción, lo cierto es que prácticamente la totalidad de las imputaciones de altos cargos del Consell se han resuelto con el cese o destitución del implicado.
Uno de los casos más significativos se produjo recientemente en el entorno del propio presidente, cuando la secretaria autonómica de Comunicación Lola Johnson dejó el cargo a pocos días de las elecciones europeas del 25 de mayo tras ser imputada en una causa relacionada con la gestión de Radiotelevisión Valenciana. Con este ejemplo fresco en la memoria, la lógica indica que su salida es el camino más probable.
El propio Moragues pareció ayer resignado ante las preguntas de los medios de comunicación. Tras defender la "honorabilidad" de un "gran servidor público valenciano", dejó la puerta abierta al cese: "La línea roja de la Generalitat la define el presidente de la Generalitat y los consellers la respetamos y la compartimos", subrayó el titular de Hacienda, dejando en manos de Fabra la decisión final.
Fuentes de la Generalitat señalaron a este diario que Monzó, economista con una larga trayectoria en la Administración, ha estado expuesto por el ejercicio de sus responsabilidades a actuaciones que pueden complicarse en los tribunales. Un ejemplo de ello es el llamado caso Valmor, que a juicio de diferentes altos cargos puede terminar con varios ex altos cargos imputados. Por otro lado, fuentes de la conselleria valoraron el trabajo realizado por Monzó en los últimos meses en un puesto "muy complicado" donde ha tenido que hacer "malabarismos" para intentar cumplir con los pagos pendientes a proveedores y colectivos, además de cumplir con las tareas de negociación encomendadas por Moragues.
DENUNCIA DE UN PARTICULAR EN TORREVIEJA TRAS SER ARCHIVADA LA DE EU
Según informaron fuentes del TSJCV, la causa de Instrucción 5 de Castellón en la que se investigan contrataciones en relación con el centro de convenciones de Castellón parte de una denuncia de un particular presentada ante la fiscalía de Torrevieja. La Fiscalía de Alicante, ante la falta de competencia territorial, remitió el asunto al decanato de Castellón.
La causa abierta por el juzgado castellonense investiga las supuestas irregularidades que se pudieron cometer en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón.
El proyecto se encargó al arquitecto Santiago Calatrava en 2008, y la Generalitat pagó 2,7 millones a este por la redacción del plan director, el anteproyecto y el proyecto básico, aunque el proyecto fue suspendido temporalmente a finales de 2012 por el Consell debido a la coyuntura económica.
Antes de que el Consell descartara llevar a cabo el proyecto en el corto plazo, Esquerra Unida denunció en 2011 ante la Fiscalía de Castellón irregularidades en la adjudicación del citado proyecto en la cual aseguraban que se podían haber cometido los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración pública.
EU consideraba que la forma de contratación "no fue legalmente procedente" porque el proyecto se adjudicó a Calatrava a través de procedimiento negociado sin publicidad y denunciaba que los honorarios que se pagaron al arquitecto fueron "superiores a los inicialmente pactados", sin que existiese "razones de interés público".
Asimismo, consideraban que hubo "un concierto entre todas las autoridades intervinientes para beneficiar a un particular" y pedían la nulidad de los contratos efectuados al entender que debió convocarse un concurso de ideas para elegir "el proyecto más idóneo".
EU reveló también que el arquitecto había recibido de la Generalitat un total de 2,7 millones de euros por la redacción del proyecto, en anteproyecto y el proyecto básico, "a pesar de que este no cumplió con sus obligaciones".
La Fiscalía, sin embargo, decretó el archivo de la causa en marzo de 2011 e instó a la formación a presentar la denuncia ante el juzgado si lo consideraba oportuno, aunque ésta no se presentó por parte del partido.
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