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VALENCIA. La Audiencia Nacional analizará este martes la demanda presentada con CGT contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), aprobado por el 90% del comité de empresa y la mayoría de los trabajadores en asamblea el pasado mes de marzo.

Además de los representantes sindicales y de los tres liquidadores de la empresa, la participación más esperada en los días de juicio es la de la exdirectora general de RTVV Rosa Vidal, que dimitió del cargo por discrepancias con la Generalitat tras el anuncio de cierre de la cadena.

En su caso, Vidal ha sido llamada como testigo por parte de CGT, que demanda la anulación del ERE y la reapertura de la empresa. Se da el caso que la exdirectiva, abogada del Estado y actualmente en Broseta Abogados, fue vetada por el Partido Popular para que expusiera en Les Costs Valencianes su versión de los hechos, que ha expuesto en otros foros, sobre las alternativas al cierre que se podían haber planteado.

UN ACUERDO CUESTIONADO

La estrategia que se impuso en la negociación del último ERE sobre la totalidad de la plantilla de RTVV fue acordar unas indemnizaciones para los afectados de 35 días con un máximo de 30 mensualidades, pero eso no que significa que los sindicatos aceptaran el cierre.

Como señala el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, la parte sindical considera que había alternativas más económicas para reflotar RTVV sin llegar al cierre, pero el propio acuerdo de despido se hizo sin irregularidades que puedan llevar a una anulación.

De hecho, las organizaciones firmantes del acuerdo de despido (CCOO, Intersindical, UGT, CSIF y USO), están impulsando una iniciativa legislativa popular (ILP) para la reapertura del ente que permita reestablecer el servicio y recuperar a parte de la plantilla.

VUELTA AL PUNTO DE PARTIDA

Teniendo en cuenta que la ley por la cual se aplicó el ERE está recurrida ante el Tribunal Constitucional y el resultado de otros expedientes, distintos profesionales del Derecho laboral albergan dudas sobre el resultado final del caso.

"La anulación es una posibilidad que no hay que dejar de contemplar, pese al efecto que tendría en las cuentas de la Generalitat y las repercusiones sobre medidas similares en otras empresas públicas y privadas", señalan.

De hecho, de anularse este nuevo ERE se tendría que reincorporar a toda la plantilla despedida, indemnizarla y pagar los salarios correspondientes al tiempo que han estado fuera de la empresa. Una vuelta a la situación inmediata al anuncio de cierre.