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VALENCIA. Los empresarios siguen dando pasos al frente en sus reivindicaciones hacia Madrid. Ante la situación que atraviesa la Generalitat, las principales organizaciones empresariales siguen en su estrategia de abrir su propio frente ante el Gobierno central para reivindicar la demanda de infraestructuras no atendidas.

Después de los movimientos que han realizado las patronales, las cámaras de comercio o la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), la progresión de los acontecimientos les ha brindado este miércoles una oportunidad de allanar el camino para un contacto con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Y es que el responsable de las cuentas del Estado participa el próximo 16 de julio en la reunión del comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal estatal CEOE, de la que el presidente de Cierval, José Vicente González, es vicepresidente y en cuyos distintos niveles de poder se integran los líderes provinciales Salvador Navarro (Valencia), Moisés Jiménez (Alicante) o José Roca (Castellón).

MODELOS DE CONTACTO

La idea es transmitirle la situación y las necesidades de inversión valencianas antes de que se consume el encuentro formal reclamado también desde la Generalitat Valenciana en el mismo sentido. En este caso, se plantea aprovechar la reunión empresarial y, con el apoyo del presidente de CEOE Juan Rosell, exponer el caso.

Otra opción sería conseguir un aparte con el ministro para exponerle sucintamente la situación y favorecer que dé orden para que su equipo cierre una fecha para la reunión, a ser posible en Valencia, con los responsables autonómicos.

Fuentes empresariales insisten en que no se trata de abrir un "problema valenciano" ni de superar desde la empresa a la Generalitat, sino de unir fuerzas y exponer con más fuerza las demandas. "Ahora no hay otra que ir todos juntos", se advierte.

ESTRECHAMIENTO DE RELACIONES

Si hasta hace unos meses las relaciones personales entre el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, eran tensas por un cruce de declaraciones debido a la representatividad de una y otra entidad, fuentes empresariales aseguran que esta situación ya se ha superado.

Este cambio, y una fuerte dosis de pragmatismo, ha permitido el establecimiento de este frente comúnque demanda al Gobierno que asuma en los presupuestos de los próximos 10 años infraestructuras básicas para la Comunitat y que las inversiones de Fomento sean superiores a la media para recuperar una discriminación acumulada que se estima en 6.450 millones desde 2000.