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VALENCIA (VP/AGENCIAS). Este miércoles es una jornada clave para conocer el futuro de la firma valenciana de lencería Little Kiss. Hoy, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Valenciana tiene que dictar una resolución sobre la solicitud de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteada por la dirección, que en las últimas horas, incluso ha llegado a ‘amenazar' con declarar el concurso de acreedores en caso de que no se apruebe el expediente. 

Los representantes sindicales confían en que Trabajo rechace el ERE. Al respecto, el representante de CCOO-PV, Francisco Cordellat, señala que la posibilidad de verse inmersos en un concurso de acreedores "es sólo una amenaza que la dirección está utilizando desde el primer momento que presentó el ERE", al tiempo que recalca que "en cualquier caso, haría falta que el juez lo admita a trámite".

En este mismo sentido, Cordellat reivindica que "económicamente Little Kiss no está tan mal como la pintan", palabras que suscribe el responsable de UGT-PV, Alfredo Sanmartín, quien hace hincapié en que "aunque lo está anunciando desde el primer día para meter miedo, el concurso es una posibilidad, pero hace falta que sea aceptado" y consideró "que reúne las condiciones necesarias para lograrlo".

Ambos responsables sindicales confían en que la resolución de la autoridad laboral sobre el ERE de la mercantil con sede en L'Eliana se conozca "este miércoles o, como muy tarde, mañana jueves", y aseguran que se encuentran "a la espera, pero deseosos ya" por conocer un pronunciamiento que esperan sea favorable a los trabajadores.

Si bien optan por ser prudentes y descartan cualquier nueva movilización hasta conocer la reacción de la empresa tras la resolución sobre el ERE, Cordellat advierte de que "si la autoridad laboral da la razón a los trabajadores y rechaza el expediente, será porque no hay causa para aprobarlo", y, por ello, "también debería ser complicado que se aceptara un posible concurso de acreedores".

El periodo de consultas sobre el ERE de Little Kiss concluyó sin acuerdo entre la dirección y la representación social de los trabajadores, por lo que remitieron el acta final de desacuerdo a la autoridad laboral para que se pronuncie sobre dicho expediente.

La compañía planteó despedir a 76 trabajadores, "en lugar de los 96 que se barajaba en un principio, mientras que los fijos discontinuos pasarían de 13 a 30, comprometiéndose la empresa a recolocar en un plazo máximo de cinco años a la mitad de ellos y convertirlos de nuevo en fijos".

Además, mantendría las 19 prejubilaciones presentadas y la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo equivalente a 12 mensualidades.