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VALENCIA (A. MOHORTE). La onda expansiva de la negativa de la Conselleria de Economía a permitir la apertura en domingo de Ikea Alfafar hasta el 30 de octubre se ha llevado por delante la legislación valenciana sobre horarios comerciales, consensuada en 1999. Lo que hasta ahora era una solución cuestionada pero asumida por los pequeños comerciantes y los grandes operadores no ha podido resistir la fuerza del gigante sueco.
Aunque la compañía tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones tras la decisión administrativa que ha tumbado sus pretensiones de declarar el área como Zona de Relevancia Turística, fuentes vinculadas a la empresa reconocen que la firma va a ir "a por todas", para lo que ya preparada el inicio de un proceso Contencioso Administrativo.
Mientras tanto, desde la Generalitat se reconoce que la brecha de la que disponía era estrecha para dar carta blanca a Ikea debido a la escasa relevancia turística real de la zona, pero ha sido el cambio de actitud del Ayuntamiento de Alfafar (que dejó de apoyar la propuesta a mediados de mayo) ha terminado por imposibilitar la solución.
IKEA: DE SOLUCIÓN A PROBLEMA
Ante la batalla que ahora se le presenta a la Conselleria de Economía con una empresa que iba a ser uno de los amarres para vender la recuperación económica valenciana y de la que pretendía el Consell sacar también el anuncio de apertura del próximo centro en Alicante antes de las elecciones, el conseller Máximo Buch y su equipo ha optado por adelantar una solución que enfríe la olla a presión y permita reencauzar la crisis abierta.
La idea es que el conseller ha trasladado a los miembros del observatorio que "más vale un mal pacto que un buen pleito", como ha descrito gráficamente uno de los participantes. En todo caso, la Generalitat ha asegurado que no quiere imponer la solución, sino ejercer de "árbitro".
La reunión del Observatorio del Comercio de la Comunitat Valenciana de este miércoles (el mismo día que se anunciaba oficialmente el rechazo de la solicitud de Ikea Alfafar) ha servido a la Generalitat para dar un golpe y forzar a los comerciantes a ceder ante las grandes superficies por el daño que su actual blindaje les está causando a estas y, en caso de Ikea, al propio Consell.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Sin embargo, la presidenta de la asociación de comerciantes Cecoval, Isabel Cosme, ha salido de la reunión visiblemente airada. "Éste no era el debate del día", ha asegurado ante los periodistas que esperaban a la salida de la reunión. "Este tipo de discusiones nos están distrayendo de las medidas que hay que tomar para aprovechar los síntomas de recuperación económica", ha añadido.
De hecho, para Cosme el problema no está en la norma que regía a la Comunidad hasta ahora, sino a que en 2012 el Gobierno central aprobó la declaración de Zonas de Relevancia Turística que ha traído una libertad de horarios en la práctica totalidad de la ciudad de Valencia y en buena parte de Alicante.
Esta disparidad de situaciones en la misma comunidad y los desajustes entre esta norma y la legislación de ámbito autonómico ha producido para los comerciantes una inseguridad jurídica que se ha traducido en un "injusticia" que entienden que debe resolverse, si no queda otro remedio.
De hecho, esa es la intención que tiene el conseller Buch, que pretende que comerciales y grandes superficies consensúen las bases de la nueva norma que contente parcialmente a las grandes superficies y no favorezca la generación de un frente común con Ikea al frente que complique lo que queda de legislatura con un inesperado nuevo frente.
LAS REFERENCIAS NACIONALES
Actualmente, la ley valenciana contempla la apertura de 10 domingos y festivos (centrados en Navidad y en la antiguas temporadas de rebajas de enero y julio) a la que se añadió la opción de declarar nuevas Zonas de Relevancia Turística a petición de los ayuntamientos, especialmente de localidades costeras.
Sin embargo, la legislación estatal permite un mínimo de 16 aperturas que las comunidades pueden reducir a 10 o aumentar hasta la libertad total, como hizo la Comunidad de Madrid. Las referencias que se pretende tomar para definir el futuro valenciano son las de Baleares, Andalucía Castilla León o Cataluña, que elevan estas aperturas a unas 12, como se han apresurado a recordar los comerciantes.
Sin embargo, el conseller Buch descarta que se quite las atribuciones a los ayuntamientos para este asunto. "Los alcaldes son los que mejor conocen el comercio local y las condiciones turísticas", ha asegurado.
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