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VALENCIA. Las decisiones y voluntades políticas no entienden -demasiado a menudo- de lógica. Los 'populares' valencianos, a través de su portavoz parlamentario, Jorge Bellver, anunciaron este martes que solicitarían de nuevo el aplazamiento de la reforma del estatuto valenciano pendiente en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que lleva tres años de espera para someterse a votación en la cámara.

Esta modificación estatutaria, respaldada en Les Corts Valencianes por todos los grupos parlamentarios a excepción de EU que se abstuvo, está destinada a equiparar las inversiones estatales a la población. En 2014, el Gobierno central presupuestó 605 millones de euros (un 6,2% del total) de inversiones para la Comunitat Valenciana. Una cifra que ya era un 8,1% inferior a la del año anterior, en el que ya se había desplomado un 35% en comparación con 2012. Es decir, las inversiones vienen cayendo en picado en los últimos años sin que el Gobierno valenciano haya podido poner freno: el pasado año, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, trató de convencer sin éxito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que aumentara las partidas para la Comunitat. En 2012, el jefe del Consell se la jugó anunciando enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por un montante de 144 millones de euros, pero fracasó al obtener apenas 100.000 euros.

En la elaboración de los presupuestos de 2014, la Comunitat representaba el 10,8% del PIB nacional. Con esta cifra, los cálculos que realizó el grupo socialista (y presentaron enmiendas en ese sentido) señalaron que a los valencianos les corresponderían un total de unos 1.050 millones de euros en inversiones. Es decir, en torno a 450 más de lo que el Estado había decidido entregar a la Comunitat. Precisamente la reforma estatutaria aprobada en Les Corts va dirigida a paliar este tipo de desigualdades, pero el Partido Popular de la Comunitat ha preferido bloquear esta iniciativa debido a que sus compañeros de filas en Madrid, con el ministro Cristóbal Montoro a la cabeza, no están dispuestos a abrir un melón de esas características.

Aunque conviene aclarar que si se aprobara la reforma ello no implicaría que el Estado estuviera obligado a cumplirla -otras como Cataluña que sí lo incorporaron se han quejado por ello-, es evidente que pondría en un plano de mayor legitimidad reivindicativa y en una posición más óptima para presionar en el momento de que el Gobierno central diseñara los PGE. En definitiva, una forma más de hacerse respetar.

La reforma estatutaria planteada en su día también tuvo su componente fundamental de estrategia política. Todavía se encontraba Francisco Camps al frente de la Generalitat y, en aquel momento, el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. Por entonces, uno de los principales argumentos del PPCV era el "maltrato" que el Ejecutivo socialista dispensaba a los valencianos. Aquella maniobra estatutaria surgió precisamente de la intención de Camps de poner en aprietos al PSPV-PSOE y al propio Zapatero. No obstante, la iniciativa pasó a la siguiente legislatura en la que Rajoy, del PP, se puso al frente de La Moncloa, con lo que el efecto 'boomerang' de la reforma estatutaria pasó a perseguir a los 'populares' valencianos.

¿Cómo sale del problema el PP valenciano? Tras varios aplazamientos para evitar llevar al pleno del Congreso de los Diputados la citada reforma, que habría sido rechazada por el propio PP nacional, desde el entorno de Fabra se ideó una fórmula para matar varios pájaros de un tiro. La propuesta del jefe del Consell de reducir diputados -de 99 a 79- además de la elección directa de parte de los mismos, también necesita de una reforma estatutaria. Esta iniciativa, rechazada por la oposición al considerar que es una medida improvisada y que beneficia electoralmente al PPCV, se ha convertido en el escudo de los 'populares' para justificar el bloqueo de la importante reforma que atañe a las inversiones y donde sí hubo un acuerdo mayoritario en Les Corts.

El propio portavoz de Les Corts, Jorge Bellver, manifestó este martes que solicitará el retraso de la tramitación de la reforma del estatuto de la Comunitat Valenciana en el Congreso "en tanto en cuanto se aprueban las reformas estatutarias que tenemos en marcha" en las Corts Valencianes, como la que se refiere a la reducción de diputados. Bellver, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, argumentó que "no tiene sentido sacar adelante una reforma que requiere de un referéndum", mientras haya nuevas propuestas para reescribir el texto estatutario. Un argumento endeble puesto que podría sacarse adelante la que atañe a las inversiones y acometer la que propone el PPCV en estos momentos sometiéndolas a la vez en el mismo referéndum. 

Cabe recordar que, según los datos facilitados inicialmente desde el Consell, el ahorro de reducir 20 parlamentarios de Les Corts sería de unos 350.000 euros en concepto de financiación de partidos políticos más unos 255.000 por cada proceso electoral por gastos. Unos 600.000 euros anuales. No obstante, el vicepresidente del Consell, José Císcar, amplió esta cifra posteriormente calculando que en un año y medio (el tiempo que restaba entonces para las elecciones) se ahorrarían 2,3 millones de euros. Para ello, sumaba la asignación de los parlamentarios (calculaba más de 600.000 euros) y 380.000 en concepto de subvención a los grupos de Les Corts. Un conglomerado de cifras que, en cualquier caso, pone en evidencia que la medida posee un carácter meramente simbólico si se la compara a la reivindicación de más de 450 millones de euros en inversiones estatales.

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