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VALENCIA. El Gobierno aprobó el pasado viernes un real decreto por el que reforma el actual sistema de financiación de infraestructuras de los puertos dependientes del Estado y que, a falta de su concreción y aplicación, tendrá como efecto que las autoridades portuarias no gestionarán como hasta ahora la totalidad de sus beneficios. 

En concreto, en el momento en que se aplique el plan, las autoridades portuarias deberán ceder el 50% de sus beneficios a Puertos del Estado para que este organismo gestione esos fondos. El objetivo será plantear inversiones en infraestructuras de mejora de acceso en los puertos de su red.

Sin embargo y según ha podido saber ValenciaPlaza.com, el nuevo mecanismo ha generado cierta inquietud en los responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia, una de las que obtiene mayores beneficios de España. "Aunque la idea es positiva, ya que permitirá afrontar inversiones que no puede realizar el Ministerio de Fomento, la duda que surge es saber si el destino de los fondos será proporcional a la capacidad de generar negocio de los puertos y a su competitividad", explicaron fuentes del sector naviero en Valencia.

La preocupación fundamental de Valencia es que no se vaya a aprovechar este nuevo modelo de financiación de los puertos del Estado para realizar inversiones en los recintos más competitivos y en su lugar se ejecute según el perfil clásico de 'café para todos' vinculado a los intereses políticos. "Valencia tiene el 45% del tráfico de contenedores de toda España y el 65% del tráfico que tiene como origen y destino Madrid, por lo que es imprescindible mantener un nivel de inversión constante", explicaron las mismas fuentes.

La Autoridad Portuaria de Valencia -de la que dependen los recintos de Valencia, Sagunto y Gandia- obtuvo unos beneficios netos de 11 millones de euros en el último ejercicio. Es una cifra más baja de lo normal (sobre los 20 millones) ya que se están amortizando los préstamos que se han solicitado para las ampliaciones más recientes.

El plan del Gobierno de concentrar y gestionar la mitad de los beneficios de los puertos españoles  ha causado un rechazo frontal en Barcelona, que obtivo unos 60 millones de ganancias el año pasado.