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VALENCIA. La hipotética intervención de la Generalitat Valenciana por el incumplimiento reiterado de la ley de estabilidad financiera no requerirá de legislación específica puesto que el Gobierno dispone ya de todas las herramientas legales para tomar el control de todos los ingresos de la Comunitat y decidir sobre su destino.
En concreto son dos los documentos en los que se basaría la toma de las riendas de las cuentas valencianas por parte del Ministerio de Hacienda: la propia ley de estabilidad financiera y el programa de aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al que está adherida desde su creación la Comunitat Valenciana.
En la ley que establece que los gobiernos regionales deberán ajustarse al objetivo de déficit máximo que se fija en el Consejo de Políticas Fiscal y Financiera (CPFF) se describen una serie de medidas coercitivas para las comunidades incumplidoras. Entre ellas, para casos extremos, está el envío de una comisión técnica de expertos que se empotraría en la Consellería de Hacienda.
Pero antes de la llegada de los hombres de negro, o de forma paralela, hay al menos tres medidas que, de aplicarse en su conjunto, supondrían que el Gobierno controlara la totalidad de los ingresos de la Generalitat. El Gobierno valenciano ingresa dinero por tres vías fundamentales: el sistema de financiación, los tributos propios y el endeudamiento.
AUTORIZACIÓN SOBRE EL DESTINO DEL FLA
En la actualidad ya hay una de esas vías que está intervenida por el Gobierno. Se trata del endeudamiento. La Generalitat necesita el permiso del Ministerio de Hacienda para aumentar su deuda, obligación que entró en vigor cuando el Consell se acogió al FLA. Pero las condiciones que se imponen por tener acceso a esta vía de liquidez (toda vez que la Generalitat no puede recurrir al mercado para conseguir financiación a un precio razonable) implican que el destino del dinero prestado por el Gobierno tiene que autorizarse por el ministerio.
De hecho, el dinero del FLA no llega de forma efectiva a las arcas valencianas. El Consell debe remitir cada mes al Gobierno el listado de facturas que quiere que se paguen con el dinero asignado de este fondo. Hacienda lo autoriza (o no) y realiza directamente los pagos.
Pero ese mecanismo tiene un escalón superior consistente en que es el ministerio quien establece las facturas a pagar siguiendo las prioridades que se establecen en el programa del FLA. Hace unas semanas el Gobierno tomó la primera decisión en este sentido al garantizar a los farmacéuticos que cobrarán cada mes del FLA.
Es decir, el Gobierno ha decidido que no puede permitir que las farmacias no cobren por el impacto social que tiene y para evitar el conflicto reserva parte del fondo destinado a la Comunitat Valenciana para esos pagos. El Consell ya no puede pagar de su caja ordinaria al sector.
EL CONTROL DE LOS FONDOS DEL SISTEMA
Las condiciones de adhesión al FLA implican que el Gobierno controla el uso de ese dinero. Pero en el caso de situaciones de incumplimiento, existen unas medidas de control reforzado que se pueden aplicar por parte del Ministerio de Hacienda y que afectan ya no al destino de los préstamos del FLA sino al dinero del propio sistema de financiación. Literalmente, el punto 6 del programa dice que el Ministerio de Hacienda podrá determinar los gastos que con carácter prioritario tendrán que atenderse con el dinero del sistema de financiación.
Eso supone una intervención de hecho de la capacidad de decisión de la Generalitat (o de cualquier gobierno autonómico que esté en esa situación) sobre su propio presupuesto. Pero hay más. Las condiciones del FLA señalan que el Ministerio "podrá fijar la adopción de medidas concretas de contención del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la comunidad en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2014".
LA COMUNITAT VALENCIANA, EN SUPUESTO DE INTERVENCIÓN
Esas medidas reforzadas se aplican a las regiones que incumplen una serie de requisitos que se especifican en el programa. De hecho, para que no se impongan hay que cumplir todas las condiciones siguientes: Haber cumplido el déficit de 2013, que el Ministerio de Hacienda estime que no hay existencia de incumplimiento para 2014, patar a los proveedores en los plazos legales y entregar al departamento de Montoro toda la información necesaria para comprobar que estas obligaciones se atienden.
Con excepción de la última, la Comunitat Valenciana las incumple todas, con lo que está en el supuesto de aplicación de todas las medidas de control reforzado.
A las condiciones de control del FLA se unen las de la ley de estabilidad. Tal y como publicó este periódico el pasado martes, en el caso de una intervención se producen una serie de pasos escalonados que incluyen desde una multa del 0,2% del PIB (unos 200 millones de euros) hasta la toma de control de la capacidad fiscal de la Comunitat Valenciana. Es decir, el Gobierno decidiría sobre los impuestos propios de la Generalitat.
Con este último control, el Gobierno controlaría las tres vías de ingresos de la Generalitat y su destino. Una intervención en toda regla para la que el Ministerio de Hacienda tiene carta blanca por ley y por el compromiso firmado por la Generalitat para acogerse al FLA. Las herramientas legales están, el escenario existe. La decisión política es otra cuestión.
Intervenidos, si y desde hace tiempo, quien paga? Pues Madrid, ahora estamos destapando guerras internas o a que se debe la noticia?
Pero si estamos intervenidos desde hace tiempo , quien paga si no es Madrid, aquí ya no queda nada , ahora lo que hay son guerras entre ellos
Desde el mismo corazón del difunto, y habiendo vivido la descomposición del entramado desde la próximidad, solo puedo decir que sin perjucio de buenas o malas financiaciones, hemos sido gobernados y administrados por una banda de autenticos malhechores que no han reparado el el ejercicio de innumerables fechorias en beneficio propio, se lo han fumado todo como diria el clasico, pero siempre nos quedara Paris y el deshaucio urgente de estos desdichados prodigos. Amen.
Ni Camps abans ni ara Fabra s'han atrevit mai a denunciar políticament l'arbitrarietat del sistema de finançament ni les deslleialtats del govern espanyol, han actuat com el que són, criats genuflexos, contents si els amos de Madrid se'n recordaven d'ells. Mentre han gastat impunement els recursos fins arribar a la situació desesperada que amenaça amb emportar-se'ls definitivament. Sense reflexos, perduts i sorpresos encara hui, va a Madrid el senyor Monzó subsecretari d'Hisenda a explicar les coses que tots sabem. Les explicacions, la política i el plantar cara s'han de fer a València.
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