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CASTELLÓN/VALENCIA (EP/VP). El Tribunal Supremo celebra este miércoles vista pública para revisar el recurso que Carlos Fabra, expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, presentó contra la sentencia que le condenaba a cuatro años de prisión por sendos delitos contra la Hacienda Pública al haber estafado más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, según han informado fuentes jurídicas.

El alto tribunal escuchará las alegaciones de la defensa del exmandatario 'popular' y las de su exmujer, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, así como las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En el caso, conocido como 'Naranjax', también se personó como acusación popular la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

La sala estará presidida por Joaquín Giménez y conformada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral y Luciano Varela, quien será el ponente de la sentencia que dicte el Supremo en este asunto.

El tribunal estudiará también los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, a los que se ha adherido la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que ejerció la acusación popular, han informado fuentes del alto tribunal.

DIEZ AÑOS DE INSTRUCCIÓN

El exdirigente del PP se sentó el pasado octubre en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal tras una instrucción de un caso que se prolongó durante diez años y pasó por las manos de hasta nueve jueces distintos.

Finalmente, fue condenado en noviembre de 2013 a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, al pago de una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar al fisco con la misma cantidad. La Fiscalía pidió en el juicio que Fabra fuera condenado a 13 años de prisión y pagara una multa de 1,98 millones de euros.

Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón el pasado noviembre, Carlos Fabra se declaró "inocente", mostró su satisfacción por la absolución del cohecho y el tráfico de influencias y anunció que recurriría la resolución ante el Supremo y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

EL CASO NARANJAX

El origen de este proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

La Audiencia de Castellón apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, absolvió a Carlos Fabra, al empresario Vicente Vilar -propietario de Naranjax que presentó la querella que dio lugar al proceso-, y a la exmujer de éste, Monstserrat Vives, de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, así como al exsenador del PP Miguel Prim de tráfico de influencias.

La sentencia señaló que entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2004 Carlos Fabra y Amparo Fernández realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, como ingresos en efectivo, mayoritariamente, así como ingresos mediante cheque o transferencia, cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública.

Esa ocultación de ingresos dio lugar a que Carlos Fabra defraudara a la Hacienda Pública 693.074,33 euros correspondientes a los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 y Amparo Fernández un total de 427.998,49 euros en los ejercicios 1999, 2000 y 2003.