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VALENCIA. Un juzgado de Benidorm ha ordenado la detención del empresario José Ignacio de la Serna, principal promotor del rascacielos In Tempo, el mayor edificio residencial más alto de Europa cuya obra está finalizando en la localidad alicantina.

La orden de detención, que adelanta este martes el diario Cinco Días, se dictó el pasado 10 de junio después de que De la Serna no acudiese a la citación legal para declarar en calida de imputado por una denuncia por estafa que se instruye en el juzgado. La juez explica en el auto que "no habiendo justificado el imputado en modo alguno su incomparecencia, procede ordenar su detención y su puesta a disposición de este juzgado a fin de recibir declaración".

De la Serna está denunciado por unos compradores de una de las viviendas del rascacielos. Los demandantes habían realizado aportaciones a cuenta por valor de 80.000 euros con la garantía por parte de la promotora de que estas entregas estaban avaladas por una entidad financiera. Sin embargo, cuando reclamaron la devolución del dinero por el imcumplimiento del plazo de entrega de la vivienda la promotora no lo hizo.

Según explica el periódico, el pasado mes de abril hubo una vista a la que no acudió De la Serna pero sí otro de los tres promotores, Ignacio Bononat, que reconoció ante el juez que los avales bancarios no existían y que el dinero aportado por los compradores se destinó a la construcción del edificio. 

El edificio In Tempo está promovido por De la Serna, Bononat y el empresario hostelero Juan Fuster, si bien la gestión de Olga Urbana, la empresa formada por los tres, está en manos del primero. El rascacielos residencial más alto de Europa comenzó a construirse en 2006 y está prácticamente acabado pese a los problemas de financiación que obligaron a parar la obra durante un tiempo.

La obra contó con el respaldo financiero de un crédito de Caixa Galicia por 96 millones de euros. Ese crédito está ahora en manos de la Sareb, el banco malo que asumió activos tóxicos de las entidades financieras españolas con problemas. La propiedad, sin embargo, sigue siendo de la promotora que mantiene la comercialización de las viviendas. 

La promotora anunció en septiembre del año pasado que estaba en negociaciones con un fondo árabe para venderle el edificio, asegurando que la operación estaba solo a expensas de la autorización de Sareb, propietaria de los créditos. Sin embargo no hubo más noticias sobre este supuesto interés.