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MADRID (EFE). Andalucía y la Comunitat Valenciana son las autonomías que recibirán más financiación para los sobrecostes que conlleva la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en cuanto a la implantación de la nueva Formación Profesional Básica (FPB) y las opciones de enseñanzas en ESO. Así se desprende del documento "Propuesta de criterios y distribución de los créditos para la financiación de los sobrecostes que supone la implantación de los nuevos ciclos de FPB y de las opciones de enseñanzas académicas y aplicadas en tercero y cuarto de la ESO", al que ha tenido acceso EFE.

Dicho texto será debatido este lunes en conferencia sectorial pues el punto principal de la reunión entre el ministro José Ignacio Wert y los consejeros autonómicos es la senda de financiación de la implantación de la reforma educativa. La Lomce tendrá un coste total de 2.164 millones de euros, según adelantó el pasado martes el ministro en la Comisión de Educación del Congreso. Hasta 2017 la reforma contará con 964 millones de euros, de los que 614 son de ayudas del Fondo Social Europeo y el resto de los presupuestos del propio Ministerio de Educación.

Los 1.200 millones restantes (400 millones por curso desde 2017 a 2020) deberán ser cofinanciados por las autonomías, un aspecto que se tiene que estudiar en una reunión de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades que recibirán más financiación son Andalucía con 189,67 millones de euros, Comunitat Valenciana, 112,12 millones, Madrid, 110,89 millones, y Cataluña, 106,17 millones. Aparte de las ciudades de Ceuta y Melilla, La Rioja (9,72 millones de euros), Navarra (11,75 millones), Asturias (12,02 millones) y Cantabria (12,45 millones) serán las que menos reciban.

Para la FP Básica, la gran apuesta del departamento dirigido por Wert para intentar reducir las cifras de abandono escolar temprano y mejorar la empleabilidad juvenil, se ha hecho una estimación del coste por alumno y curso (5.219,6 euros) basada en el periodo 2011/12 y elaborada por la Subdirección General de Estadísticas y Estudios. Para la implantación de las opciones de enseñanza académicas (para la iniciación al Bachillerato) y aplicadas (para la iniciación a la FP) en tercero y cuarto de la ESO, el Ministerio apunta en su documento que "la incidencia del coste derivará de las necesidades del profesorado", cuantificadas en horas/profesor, para atender a las obligaciones docentes que impone la ley. Se ha partido "del vigente escenario de racionalización del gasto público en educación", adoptando como referencia la ratio de 30 alumnos/grupo materia y de 20 horas/profesor semanales para el profesorado de centro públicos, y de 23 horas/profesor para la concertada.

El coste anual por profesor de ESO en la enseñanza pública se estima en 36.208 euros (calculando como media los salarios del profesorado con 15 años de antigüedad de las distintas CCAA en el curso 2011-12) y 32.270 euros en el caso de la concertada. Las necesidades del profesorado dependerán de las decisiones que adopten las Administraciones educativas y, dentro de su margen de autonomía, los centros, a los que se reconoce una amplia capacidad para configurar su oferta educativa y adecuarla a sus prioridades educativas, según Educación.