VALENCIA. El próximo 13 de julio se producirá la votación entre los militantes socialistas para designar al próximo secretario general del PSOE. Dos semanas después se celebrará el congreso extraordinario que deberá ratificar, esta vez a través de delegados, la elección del nuevo líder así como la Ejecutiva federal del partido que proponga el secretario general.
Este cónclave socialista variará respecto a la tradicional mecánica de este tipo de encuentros. La larga noche de hotel -con alguna que otra copa y fuerte olor a tabaco y puro- en vísperas de las votaciones con negociaciones entre sala y sala, se cambiará posiblemente por dos semanas de citas para fijar posturas y alcanzar acuerdos respecto a la estructura orgánica. Es decir, los movimientos en esta línea tendrán lugar desde que finalice la elección del nuevo secretario general hasta el día del congreso extraordinario, que se celebrará el 26 y 27 de julio.
A priori, el cónclave estará igualado. Veteranos dirigentes del PSPV opinan que, si no existe una diferencia amplia entre los dos favoritos, Eduardo Madina y Pedro Sánchez, deberá hilarse fino con los acuerdos para que no se produzcan situaciones delicadas el propio fin de semana del congreso.
Ahora bien, distintas fuentes socialistas ponen el acento en una situación que podría producirse en el mes de julio: expertos del funcionamiento orgánico del PSOE alertan de que el congreso extraordinario podría ser impugnado por cualquier militante que decidiera acudir a la justicia ordinaria.
La causa, según relatan, radica en que en los estatutos del partido no aparece la posibilidad de elegir al secretario general del PSOE por el método 'un militante, un voto' tal y como se ha planteado. De hecho, tanto en el congreso de 2012 como en la conferencia política celebrada en noviembre del año pasado, esta posibilidad fue rechazada en votación, precisamente por buena parte de los que respaldaban a Alfredo Pérez Rubalcaba o de federaciones potentes como la andaluza.
En cuanto a los aspectos técnicos, las fuentes socialistas consultadas señalan que en el orden del día del congreso, los pasos que se indican en el documento podrían no ajustarse -dado el proceso previo de votación del 13 de julio- a los estatutos que se encuentran vigentes actualmente, una situación que podría causar problemas legales si algún militante decidiera impugnar el proceso.
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