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VALENCIA. El juez José Castro cerró este miércoles la instrucción del caso Nóos, el del supuesto saqueo de fondos públicos a cargo de la fundación que controlaba Iñaki Urdangarin con su socio Diego Torres. Más allá de la imputación de Cristina de Borbón, en el rama valenciana destaca la exculpación de Alfonso Grau, el único político imputado por el caso que seguía pendiente de un hilo en el caso.
Así, finalmente, por la organización supuestamente irregular de los Valencia Summit y por los pagos para unos supuestos Juegos Olímpicos Mediterráneos, se han quedado solos ante toda la responsabilidad que pueda desprenderse en un juicio futuro cuatro altos caros de la Generalitat de perfil claramente técnico, especialmente tres de ellos: Jorge Vela y José Manuel Aguilar (exdirectores de Cacsa) y la responsable jurídica del complejo Elisa Maldonado. También está imputado Luis Lobón, exresponsable de Grandes Proyectos.
Pero la lista se acaba ahí. Pese a que los contratos con Nóos los firmaron Valencia Turismo y Cacsa, no hay ningún imputado de la primera sociedad, al caerse Grau, de quien el juez dice que le llegaba todo preparado desde Cacsa. Y lo que resulta más llamativo es que no hay ningún político de primera línea imputado, pese a que algunos testimonios y documentos aportados por los que ahora se han convertido en los únicos sospechosos, había señalado a que las órdenes les llegaban de arriba.
El juez trató de imputar a Francisco Camps y a Rita Barberá, pero tuvo que desistir tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pese a que en el escrito presentado en su día el magistrado era muy duro sobre el papel de ambos, al final en su relato se limita a afear la conducta de Camps al enviar a su vicepresidente Víctor Campos a negociar con Urdangarin.
Ni rastro de Gerardo Camps, conseller de Economía y, por tanto, responsable político de Cacsa en la época en que se produjeron los hechos y, por tanto jefe de todos los finalmente imputados. Alguno de ellos incluso le señalaron de forma explícita. Y tampoco nadie del entorno del entonces presidente valenciano, donde también señalaron otros.
Solo quedan los cuatro 'cabezas de turco' (como alguno se ha llegado a definir en privado) en un caso en el que todos acabaron echando las culpas a otros y los que no pudieron zafarse fueron fundamentalmente los que no estaba aforados.
Ése es el problema de la administración valenciana, que el nivel político llega hasta los ordenanzas. Estos señores, que no son funcionarios, ocuparon esos puestos por sus conexiones políticas y familiares, no por sus perfiles “técnicos”. Perfiles que en todo caso nunca tuvieron que acreditar al no tener que pasar ningún tipo de oposición o concurso para trabajar en esa empresa pública. Al igual que tantos otros, y en vulneración de nuestras leyes. Además seguro que llegaron, y permanecieron en esos puestos, por su obediencia a sus jefes, y no a las leyes vigentes. Ahora quizá hayan de tener que pagar el precio debido.
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