VALENCIAPLAZA.COM. 25/06/2014

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MADRID (EFE/VALENCIAPLAZA). Escal, participada por ACS en un 66,67 %, ha anunciado su decisión de renunciar a la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, cuando se cumple un año del inicio del proceso de llenado del gas colchón de esta infraestructura que Industria cerró tras los seísmos registrados en la zona.

Estas son algunas de las fechas, y cifras, más relevantes del último año:

-A mediados de junio de 2013, la empresa Escal UGS comenzó a inyectar gas colchón, una fase previa a la actividad comercial de la instalación ubicada frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar.

-El 10 de septiembre, la empresa comunicó al Ministerio de Industria la existencia de microseísmos en la zona. El 24 de septiembre se produce un seísmo de 3,6 grados en la escala de Richter.

-El 26 de septiembre, el Ministerio de Industria publicó una resolución por la que ordenaba a Escal suspender todas las actividades. Ese mismo día, el Ministerio solicitó un informe al Instituto Geográfico Nacional. En julio, ya se había encargado una auditoría externa sobre los costes del almacén.

-El 1 de octubre la sucesión de 20 seísmos, uno de ellos de 4,2 grados de intensidad en la escala de Richter, conduce a la Generalitat Valenciana a activar el Plan de riesgo sísmico.

 

-El 4 octubre el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señala que los expertos han concluido de forma preliminar que hay una "probabilidad alta de que haya una relación directa" entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos de la zona.

-El 9 de octubre, la sociedad se moviliza contra el almacén. Las redes sociales piden la paralización y un millar de personas forman una simbólica "muralla" en Vinaròs para pedir el cierre del Proyecto Castor.

-El 10 octubre Industria apunta que el coste total del proyecto se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

-El 17 octubre el Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el Gobierno contra la disposición que prevé indemnizaciones a Escal UGS, en el caso de extinción o caducidad de la concesión.

-El 24 de octubre el pleno de Les Corts Valencianes aprueba pedir al Gobierno "el cierre definitivo y permanente" del almacén y su desmantelamiento. Al día siguiente, el Ayuntamiento de Vinaròs adopta la misma decisión.

-El 30 de octubre organizaciones ecologistas remiten una carta abierta al Banco Europeo de Inversiones y a la Comisión Europea en la que denuncian el impacto medioambiental del proyecto y el riesgo de que los contribuyentes tengan que asumir su cierre.

- El 26 de febrero de 2014, Escal UGS reclama al Gobierno que el proyecto se vuelva a poner en marcha a partir del informe de una consultora privada, e insiste en que la infraestructura es "segura" y fiable".

-El 11 de marzo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), uno de los financiadores del proyecto, también expresa su confianza en que el Gobierno decida reanudar la actividad.

-A finales de abril, ACS señala que el valor de la inversión del grupo en el almacén, contabilizada en 228,48 millones de euros, es recuperable en "cualquier escenario" relacionado con esta inversión.

-El 12 de mayo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirma que los más de 400 seísmos registrados tienen una "relación directa" con la inyección de gas.

-El 13 de mayo, el ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura que el almacenamiento subterráneo se cerrará si los expertos independientes confirman que hay relación entre éste y los seísmos registrados en la zona.

-El 29 de mayo, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) relaciona también los seísmos registrados con la inyección de gas en la planta. Sigue pendiente el informe de los expertos independientes.

-El 20 de junio, la agencia Fitch rebaja en tres escalones la calificación crediticia del almacén por la "incertidumbre y falta de visibilidad" que rodea al proyecto.

Fitch ya señalaba la "posibilidad creciente" de que la empresa gestora, Escal UGS, devuelva la concesión del almacén en los próximos meses, en cuyo caso los bonos emitidos dependerían de una compensación por parte del Estado que todavía no ha sido probada.

-El 25 de junio, Escal, participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, anuncia su decisión de renunciar a la concesión.