VALENCIA (EP). El expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (Valencia), Enrique Crespo, ha insistido en que solo le tocó un décimo de la lotería de Navidad en el año 2011 y ha acusado al interventor del consistorio, Francisco Javier Biosca, de mentir cuando aseguró ante el juez que lo que le habían tocado eran 10 series --100 décimos--.
Crespo se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras prestar declaración como imputado en la pieza 2 del 'caso Emarsa', en la que se investiga el cobro de 22.770.000 euros del segundo premio de la lotería de Navidad del ejercicio 2011.
El exalcalde de Manises fue citado este martes, a las 9.30 horas, por el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras solicitarlo el letrado de su hermano, Carlos Crespo, también imputado en esta pieza junto a sus padres.
La citación de Crespo se produce después de que el interventor del Ayuntamiento, Biosca, prestara declaración en el juzgado y asegurara que el expresidente de Emarsa dijo el día 23 de diciembre, un día después del sorteo, en una Junta de Gobierno, que le habían tocado 10 series del número premiado, y no solo un décimo como siempre ha mantenido el imputado.
Crespo ha explicado a los medios de comunicación que con su comparecencia ha "cerrado el ciclo" en este asunto de la lotería, puesto que antes que él ya declararon tanto el interventor como cinco concejales del Ayuntamiento y el secretario. Y estos últimos, ha dicho, "negaron rotundamente lo manifestado por el interventor".
"Ha venido --al juzgado-- la Junta de Gobierno y el secretario del Ayuntamiento y han negado lo manifestado por el interventor. Aquella denuncia que hizo éste dos años después de los hechos se ha demostrado que es totalmente falsa. No sé cuál es su objetivo ni por qué lo ha hecho", ha manifestado.
En esta línea, ha indicado que hoy ha ido al juzgado "a decir que eso no pasó, y que la primera vez que manifesté lo que me había tocado personalmente fue con el requerimiento que me hizo el juzgado, y ahí dije que me había tocado un décimo en ese sorteo". "Lo que dijo Biosca --ha agregado-- fue totalmente y rotundamente falso, como se ha acreditado".
Así, ha señalado que han dado judicialmente "una oportunidad" a Biosca para que se retracte y, de no ser así, "los abogados tendrán que tomar las medidas para ejercer contra aquellas personas que han dicho falsos testimonios para de alguna forma perjudicar intereses de otra persona". Preguntado por si han solicitado que comparezca nuevamente ante el juez, ha señalado que desconoce si ya se ha pedido o si se reclamará esta semana.
"Ahora --ha añadido-- tendrá que seguir la justicia y yo no puedo anticipar nada. Ha quedado acreditado que esas declaraciones --las que reprodujo Biosca-- no se hicieron, además de que vienen dos años después de todo, cuando se decía que se iba a sobreseer". "Esto comienza a chirriar. Comienza a haber algo que chirría y nos da a pensar que algo no funciona bien".
PRIMER JUICIO
Por otro lado, a Crespo se le ha preguntado cómo afronta el juicio por la primera pieza de este procedimiento, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, que se ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros.
Al respecto, Crespo ha asegurado que lo afronta "con toda tranquilidad y serenidad" y "con la confianza" de que es "totalmente inocente": "Lo hemos podido acreditar en todas las aportaciones que hemos hecho de documentación, en todas las declaraciones al juzgado, y con toda la tranquilidad".
"Me siento y soy totalmente inocente y estoy convencido de que por fin llegará el juicio que estamos esperando ya cuatro años, y ahí se podrá demostrar todo lo que queremos demostrar, y que triunfe la verdad", ha apostillado.
Enrique Crespo fue imputado en este procedimiento en octubre de 2011 acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y un delito continuado de falsedad en documento mercantil; y posteriormente, el magistrado le impuso una fianza de 25 millones de euros, por las responsabilidades que pudieran derivarse en el procedimiento.
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