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La denuncia realizada por la Confederación General de Trabajo (CGT) se extiende también a otras consellerias como la de Hacienda y Administración Pública

VALENCIA (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades en gastos y contratación de la Conselleria de Sanidad desde 2008 hasta 2012, tal y como denunció la Confederación General del Trabajo (CGT). La investigación se extiende también a otras consellerias como la de Hacienda y Administración Pública, y la de Gobernación y Justicia.

El ministerio público ha admitido así la denuncia interpuesta por CGT por presuntos delitos de malversación y prevaricación y ha abierto diligencias de investigación penal, tal y como consta en su escrito, de fecha 13 de junio.

CGT presentó una denuncia en Fiscalía ante las "irregularidades" e "ilegalidades" puestas de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en sus informes anuales sobre la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana desde el año 2008 hasta 2012.

La denuncia va dirigida fundamentalmente contra la Conselleria de Sanidad. Al respecto, recoge que la Sindicatura advierte de una "problemática significativa" en los programas sanitarios desde hace años, y es el volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito presupuestario suficiente.

"Problema" que en el informe de 2012 --agrega en la denuncia-- la Sindicatura advierte de nuevo y analiza la "solución" adoptada por el Consell, y es que se decidió pagar las facturas correspondientes a esos gastos realizados sin consignación presupuestaria y "vulnerando flagrantemente la legislación de contratación administrativa por medio del mecanismo extraordinario de pagos puesto en marcha por la Administración del Estado".

Al respecto, CGT entiende que se ha vulnerado "flagrantemente" la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat a sabiendas cuando se ha tramitado el pago de facturas por importe de 1.864,3 millones de euros --en el año 2012-- sin la perceptiva fiscalización de la Intervención General de la Generalitat.

Así mismo, el sindicato incorpora en su denuncia que la Sindicatura advierte desde 2008 de que las compras de medicamentos y material sanitario, por sus características de cuantía, plazos, proveedores, etc, deberían ser objeto de un tratamiento de contratación ordinario en cuanto a la publicidad, procedimiento y forma de adjudicación. Observó que en algunas compras por el mismo objeto y al mismo proveedor se superó el importe de los contratos menores.

Es decir, CGT entiende que se ha estado vulnerando la normativa de contratación "intencionadamente", es decir, "a sabiendas", dividiendo el objeto del contrato en sucesivos contratos menores "para evitar sacar a licitación pública el contrato de forma global". "Y esto se está haciendo --añade-- con las compras de medicamentos y material sanitario de forma reiterada todos los años, a sabiendas de la irregularidad".

Junto a ello, el sindicato destaca otra "grave irregularidad", tal y como recoge el Informe de Fiscalización de 2012, referida a la ampliación del contrato firmado en 2006 de gestión del departamento L'Horta-Manises con objeto de asignar al concesionario la gestión de la asistencia integral de la población de la zona de Mislata.

Sobre este tema, CGT señala que se incumplió "flagrantemente" el procedimiento establecido a sabiendas, dadas las advertencias de diversos órganos administrativos y, a pesar de ello, se siguió adelante y se prestó el servicio sin que se hubiera procedido a la formalización contractual conforme a la legislación de contratos.

HACIENDA Y JUSTICIA

CGT insiste en que las "irregularidades" no se ciñen únicamente a la Conselleria de Sanidad, puesto que la Sindicatura también se ha referido al posible fraccionamiento de la contratación con el fin de tramitar como contratos menores prestaciones que deberían agruparse en un único contrato, "y esto afecta a las Consellerias de Hacienda y Administración Pública, y de Gobernación y Justicia".

Ante esta situación, el sindicato entiende que existe una "grave irresponsabilidad" en el hecho de que las Consellerias no hayan instado el procedimiento para exigir responsabilidades como es su obligación, "lo que demuestra una pasividad absoluta que podría entenderse como una prevaricación por omisión de los gestores responsables".

CGT considera igualmente que puede haberse cometido sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, puesto que "se ha estado actuando a sabiendas de las graves ilegalidades, pues así se estaba advirtiendo por la Sindicatura año tras año".