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VALENCIA (EP). El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana señala en su Informe Anual 2013, que la situación económica y las medidas adoptadas desde la administración estatal sirven "de justificación" al Gobierno autonómico para "limitar presupuestos y recursos públicos asignados a los servicios sociales" y, como consecuencia, "se está poniendo en cuestión el mantenimiento de determinadas coberturas y prestaciones sociales en un momento en el que son más importantes que nunca, debido al aumento de las necesidades sociales".

Así consta en el documento, consultado por Europa Press, que la síndica del Greuges, Emilia Caballero, ha entregado en las Corts Valencianes. El defensor del pueblo valenciano ve "con preocupación" los efectos que la "prolongada crisis" económica está produciendo en el ámbito autonómico "generando un aumento cuantitativo y cualitativo de las demandas sociales y cómo se está poniendo en riesgo la cohesión y el bienestar social" de los ciudadanos.

En esta línea, apunta que el número de personas que requiere de protección social ha crecido "exponencialmente" al tiempo que ha cambiado el perfil y el tipo de necesidades, con lo que se comprueba el acceso a los servicios sociales de un sector de población que hasta hace unos años era "ajeno" a él. Este hecho, "hace su cabe más importante que la administración pública deba redoblar sus esfuerzos en lo relativo a la protección social de las personas y grupos que se encuentren o estén en riesgo de pobreza, marginación o exclusión social".

Sin embargo, según el síndic, se produce una "paradoja" de que cuanto mayores son las necesidades sociales a las que el sistema debe atender, menor es la capacidad de las administraciones para dar respuesta a ellas. De hecho, añade que la reaparición de recursos gestionados por entidades humanitarias que se habían ido quedando "en una mínima expresión" por el desarrollo del Estado Social, se ven ahora "imprescindibles" para responder a las necesidades sociales.

"Todos estos son indicadores de una realidad que no es otra que la incapacidad actual del sector público para garantizar aquellas prestaciones sociales a las que viene obligado porque constituyen derechos reconocidos en las leyes", indica la institución, que advierte del "riesgo que corre el sistema de servicios sociales en una situación en que incluso pueden llegar a dejar de ser obligatorias estas prestaciones".

DEMORAS

En el análisis de la situación, el síndic dedica un apartado a las "importantísimas" demoras en los pagos de obligaciones contraídas por la administración, ya sea en subvenciones, contratos o conciertos con entidades públicas y privadas, que afectan a todos los sectores y con consecuencias que han ido desde el cierre, hasta el impago de salarios o demoras en el pago de proveedores.

El síndic también constata que en los servicios sociales general, hay una disminución constante de los créditos asignados al Plan Concertado por parte del Ministerio de Sanidad, con una aminoración del presupuesto asignado por la administración central en un 46 por ciento en 2012, que se mantuvo el pasado año y que no se ha visto compensado por la Generalitat.

QUEJAS DEPENDENCIA

La institución señala en el informe que ha gestionado 9.617 quejas desde el 7 de octubre de 2007 y hasta el 31 de diciembre del pasado año relacionadas con las irregularidades por parte de la Conselleria de Bienestar Social en la tramitación de los expedientes de las personas dependientes, especialmente por la demora en la tramitación "en cualquiera de sus fases". En 2013, la cifra fue de 1.758 quejas.

En este caso ve "relevante" que incluso en las quejas planteadas por la aplicación de la Ley de Dependencia por casos distintos a la demora, "en todas ellas aparece un denominador común, que es la excesiva dilación" en el tiempo de tramitación. Un hecho que la entidad califica de "desesperante" tanto para las personas afectadas como por las familias y que se ha visto agravado por la entrada en vigor de nueva normativa restrictiva en derechos", que ha generado una "doble situación" de desigualdad, manifestada en la aplicación de distinta normas entre dependientes y en una desigualdad territorial" en relación con otras autonomías.

El síndic recalca que desconoce los criterios que se aplican en el orden de incoación de los expedientes, "que determinan un horizonte temporal muy desigual" en la tramitación, y que les ha generado un "comprensible sentimiento de inseguridad jurídica en relación a sus derechos". La entidad hace hincapié en que no conoce expedientes que hayan sido resueltos dentro de los seis meses que la ley establece como "periodo máximo", con lo que la demora "de años" es el denominador común.

Por lo que respecta a las quejas por atención sanitaria, fueron 3.070, entre las que se incluyen las presentadas por la actualización del listado de medicamentos excluidos de la financiación pública y el nuevo régimen o sistema de aportación farmacéutica de los usuarios en el pago de prestación; las demoras en la asistencia sanitaria, los retrasos en la tramitación y pago de expedientes relativos a prestaciones complementarias (reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico, desplazamientos y por el uso del concentrador de oxigeno a domicilio).

EDUCACIÓN

En el ámbito educativo, la mayoría de las quejas han ido referidas a que la administración cumpla sus obligaciones respecto a la adecuación/reestructuración de edificios escolares, atención al alumnado con necesidades educativas especiales "y, sobre todo, a atender rápida y prontamente a quienes se han visto beneficiadas/os por las ayudas al estudio, adquisición de libros de texto, ayudas de transporte y comedor escolar, y cuyo retraso, excesivamente tardío hasta el punto de terminar el curso sin recibir lo que les corresponde, e incluso con dos años de retraso, hace que a la larga resulten ineficaces".