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VALENCIA (EP). La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al juzgado reabrir la causa por las ayudas públicas que concedió el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al Ayuntamiento de Gandia --cuando estaba como alcalde José Manuel Orengo (PSPV)-- en el año 2008 por importe de 5.120.000 euros para la ejecución y construcción del Centro Innova.

Así consta en un auto, con fecha 12 de junio, en el que el tribunal estima el recurso de apelación interpuesto por el actual consistorio ganadiense (PP) contra el auto dictado en diciembre del pasado año, por el que el juzgado de Instrucción número 1 de Gandia acordaba inadmitir la querella --por presuntos delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación-- contra Orengo y el diputado socialista en las Corts Alfred Boix.

El tribunal considera que la resolución del juzgado fue "sin duda precipitada", máxime cuando en el propio auto se indicó la "gravedad" de los hechos recogidos en la querella, con lo que cree que los mismos "merecen una mínima labor instructora".

El objeto es averiguar y comprobar el destino efectivo de la ayuda pública concedida al Ayuntamiento de Gandia por el Ministerio por un total de 5.120.000 euros para la ejecución y construcción del Centro Innova, los términos del encargo realizado por la corporación a la sociedad municipal Iniciatives Públiques de Gandia S.A. (IPG) para la realización del proyecto, y la posterior ejecución de las obras, así como las cantidades entregadas para tal fin.

Así, en mayo de 2010, por Decreto de la Alcaldía, se ordenó pagar las sumas de 2.850.000 euros y 213.332 euros para la ejecución del Proyecto IPG; en mayo de ese mismo año se contrató la ejecución de la obra del proyecto con la mercantil Clásica Urbana S.L. por un precio de 3.504.400 euros, que sumado a las dos cantidades anteriores asciende a la cantidad de 6.566.732 euros. Esto es superior al importe de la ayuda pública concedida.

Es más --recoge el auto--, la empresa IPG no abonó a la constructora el importe de siete certificaciones mensuales de obra, por un total de 1.441.434 euros, a los que hizo frente el Ayuntamiento.

El tribunal entiende, tras revisar el recurso, que "admitiendo la vaguedad y falta de concreción de varios extremos de la querella, la efectividad de la tutela judicial y la protección del erario público exigen del juzgado una mínima labor instructora que debe comenzar con la ratificación y declaración de la parte querellante a fin de que concrete el relato de su querella e individualice, al menos indiciariamente, los hechos que atribuye a los distintos querellados".