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VALENCIA (EFE). La Abogacía de la Generalitat recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que considera irregulares las declaraciones de impacto ambiental realizada por Vaersa desde 2003 ya que el Consell "estaba al corriente" y los expedientes "se tramitaron correctamente".
Así lo ha asegurado hoy a los periodistas la consellera de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Consell, María José Catalá, tras inaugurar la jornada "Presente y futuro de la comunicación en Valencia. El papel de los medios de comunicación locales como factor de progreso en la Comunidad", organizada por El Nuevo Lunes y El Corte inglés.
En el fallo del TSJ, los tres magistrados ordenan al Consell que deje de asumir informes de la empresa pública para avalar todo tipo de proyectos porque no tiene competencias en estas resoluciones administrativas y deben ser funcionarios públicos de la Generalitat quienes que realicen este trabajo.
Según ha anunciado la consellera, la Abogacía de la Generalitat le ha comunicado que la sentencia será recurrida porque "aunque es verdad que los informes los realizaba Vaersa, finalmente un funcionario de la Generalitat supervisaba todos esos informes".
Según ha explicado, la elaboración de estos informes se produjo "en un momento muy concreto, de muchísima actividad y en el cual los servicios propios y técnicos de la casa no daban abasto para atender a tanta actividad, por tanto se tuvo que recurrir a la colaboración de las empresas públicas", ha indicado.
Catalá ha asegurado que desde el Consell "siempre vamos a colaborar con la justicia", pero en este caso se recurrirá "porque entendemos que el hecho de que al final, en el último tramo del proceso, un técnico de la casa supervisara y autorizara, avalara la actuación de Vaersa, justifica que evidentemente la Generalitat estaba al corriente y esos expedientes se tramitaron correctamente".
Preguntada por si otras empresas públicas, como Tragsa, han actuado de la misma manera, la consellera ha señalado que si ha sucedido "entiendo que ha sido en un momento determinado en el cual había muchísima actividad en la administración y teníamos que recurrir a esa colaboración con las empresas públicas".
"En este momento no se produce este caso porque nuestro servicios cubren de forma exitosa todos los expedientes que se tramitan", ha añadido.
Respecto a si ha fallado algún tipo de control o puede haber algún problema, Catalá ha dicho que: "entendemos que no, entendemos que esa supervisión final de un técnico de la casa avala los informes y toda la actividad que se desarrollaba a través de esa empresa pública".
Me gustaría que contrastaran la nota de prensa y confirmaran qué funcionarios han supervisado semejantes barbaridades.
Así que estaban al corriente, pues peor todavía, más responsabilidad. Basta observar el estado medioambiental de nuestras costas para darse cuenta que, con o sin supervisión funcionarial, dan tanto asco (y más que van a dar según las construcciones vayan deterirándose con el paso del tiempo) que tiene que ser delito. Ni siquiera les cabe la típica justificación económica, estamos en la ruina total.
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