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CASTELLÓN (EFE). El ayuntamiento castellonense de Benlloch, de poco más de 1.100 habitantes, ha abierto la puerta a los otros 33 municipios gobernados por el PSPV en la Comunitat Valenciana a retirar placas de sus edificios oficiales con nombres de políticos condenados, como Carlos Fabra y Rafael Blasco.

"Se trata de una reclamación de los vecinos y de una reivindicación de la independencia municipal", ha asegurado hoy a EFE el alcalde de Benlloch, Ángel Ribés.

El regidor ha ordenado la retirada de las cuatro placas en las que figuraban nombres de políticos condenados por la justicia. El alguacil municipal ha retirado estas cuatro placas, en tres de las cuales figuraba el nombre del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, quien fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

En la otra placa figuraba el nombre de Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado en Les Corts, condenado a ocho años de prisión por malversación y prevaricación en el conocido como caso Cooperación.

Ribés explica que pese a que los edificios fueron efectivamente construidos en parte gracias a subvenciones de la Generalitat y la Diputación de Castellón, aquellos "son del pueblo" y además, ha agregado, algunos de los fondos todavía no han sido recibidos.

"Estas dos personas no merecían estar en placas en el pueblo", ha dicho el alcalde, y los vecinos así se lo han ido transmitiendo en los últimos meses, por lo que el equipo de gobierno decidió retirarlas. Las placas están ya en el almacén municipal y allí se quedarán, porque Ribés no está dispuesto a "dar ningún tipo de reconocimiento a los corruptos".

Según fuentes socialistas consultadas por EFE, el pequeño municipio de Benlloch, aun sin haberlo hecho con intencionalidad, puede servir para que los alcaldes de los restantes 32 municipios en los que gobierna el PSPV tomen medidas similares. Así, el Ayuntamiento de L'Alcora (Castellón) ha mostrado ya su interés por emprender alguna medida semejante.

Sin embargo, Ribés ha explicado que no era su intención "abrir la caja de los truenos", ya que ha tomado la decisión desde la independencia de su equipo de gobierno y su municipio en particular, sin aspirar a que otros siguieran sus pasos o sin intención de tener trascendencia más allá de este pueblo de la comarca de La Plana Alta.

Sin embargo el movimiento se ha producido y hoy, el grupo socialista en la Diputación de Castellón ha registrado un escrito en la institución para solicitar que se retiren "de manera inmediata" todas las placas, carteles, nombres, títulos, calles, plazas, esculturas u otros elementos conmemorativos en los que figuren los nombres y apellidos de personas condenadas.

Se trata de reconocer así la "honorabilidad de todos aquellos que han pasado sin mancha por la vida pública y evitando el traslado a la sociedad de la carga del recuerdo infausto de las indecorosas acciones de los condenados".

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha manifestado que "en democracia, el compromiso de las instituciones con la ejemplaridad en la vida pública exige que los valores de la ética y rectitud en política sean reconocidas a todas las personas que participan en ella, independientemente de su adscripción política".

Las mismas fuentes han señalado que no hay disciplina de partido en este sentido, por lo que se darán por buenas las decisiones de los ediles en sus respectivos municipios.