J. CLEMENTE. 10/06/2014 El conseller Juan Carlos Moragues modifica dos años y medio después el decreto por el que obligaba a toda la administración a ceder la compra de bienes y servicios al órgano central "ante la necesidad de clarificar el régimen de implementación de las técnicas de contratación centralizada"

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VALENCIA. Centralizar las compras de la Generalitat es mucho más complicado -si no imposible en algunos casos- de lo que el Consell pensaba en 2011 cuando incluyó en el plan de estabilidad presupuestaria reclamada por el Estado un ahorro de 88 millones al reunir la contración de bienes y servicios de toda la administración autonómica.

Hace dos años y medio el Consell aprobó un decreto por el que creaba una central de compras para agrupar los contratos que tiene la Generalitat y todos sus organismos dependientes con sus proveedores de bienes y servicios. La intención de aquella decisión se basaba en el ahorro que se podía conseguir reuniendo todos esos pequeños contratos en uno solo. Un ejemplo: no es lo mismo pedir una oferta a las compañías telefónicas cada conselleria o empresa pública que hacerlo todos juntos. 

Pero la puesta en marcha de esa central de compras está siendo mucho más compleja de lo que esperaba el propio Consell. Este mismo lunes en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana lo reconocía el conseller Juan Carlos Moragues, del que depende la central, en un decreto aprobado por el Gobierno valenciano el pasado viernes (del que no se informó en el pleno) y que supone paralizar al menos en parte el funcionamiento de la propia central de compras, permitiendo que las consellerías, las empresas públicas y las fundaciones sigan contratando directamente de forma individual.

Los cambios introducidos por el decreto del Consell este viernes y que modifican el de enero de 2012 no son menores. El texto publicado este lunes dice literalmente: "El periodo de funcionamiento de la Central de Compras de la Generaliat ha puesto de manifiesto la necesidad de clarificar el régimen transitorio de implementación de las técnicas de racionalización de la contratación centralizada. La definición concreta de las políticas de compra de los servicios y suministros centralizados requiere un tratamiento específico para cada uno de ellos, debido a los condicionantes determinados por el propio mercado, así como a la agrupación de la demanda del suministro".

Y añade: "El régimen transitorio incorporado inicialmente se ha revelado insuficiente para contemplar todos los componentes de oportunidad (en tiempo y en el análisis del mercado) en la contratación de cada servicio o suministro centralizado". A lo que se refiere este punto es la clave de la modificación. En el decreto de 2012 únicamente se especificaba que los contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor que fueran venciendo no se podían prorrogar y debía ser la central de compras de licitar un contrato conjunto.

UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE LO CAMBIA TODO 

Sin embargo en la modificación aprobada el viernes pasado hace referencia a los nuevos contratos una vez ya aprobada la nueva norma. En el decreto de 2012 se sobreentendía que todo lo nuevo ya se hacía centralizado. Sin embargo, la dificultad de la conselleria de Hacienda para la tramitación de expedientes de contratación centralizada ha obligado a Moragues a abrir la mano para que las consellerias puedan seguir licitando de forma directa.

"Hasta que no se adjudiquen los sercicios y suministros declarados de adquisición centralizada (...) los órganos de las consellerías, entidades autónomas y entes del sector público empresarial podrán continuar contratando dischos servicios o suministros mediante los procedimientos no centralizados previstos en la normativa de contratación pública", dice literalmente la nueva disposición transitoria aprobada.  

Este periódico trato, sin conseguirlo, de recabar la opinión de la Conselleria de Hacienda sobre los motivos del retraso, respecto a si la limitación había puesto o no en peligro algún suministro en la administración autonómica, así como el impacto sobre el supuesto ahorro de 88 millones prometido.

La compra centralizada debía afectar a energía eléctrica, informática, coches, material de oficina, combustible, gas, aires acondicionados, mobiliario de oficina, ropa de trabajo, telecomunicaciones, correo, mensajería, vigilancia, mudanzas o el mantenimiento de edificios, entre muchas otras.