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VALENCIA (EP). Una retribución de poco más de 700 euros es lo que gana, en el mejor de los casos, un abogado del turno de oficio designado para encargarse del conocido 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero económico millonario en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). Este salario tiene que llegar para fotocopias, viajes al juzgados, salidas y asistencias, entre otros aspectos, y para cubrir casi la hora diaria de trabajo dedicada a estudiar las múltiples resoluciones y declaraciones del procedimiento.

Los 700 euros es el importe que cobrarán en el mejor de los casos, siempre que la Conselleria de Justicia reconozca que se trata de un supuesto excepcional, puesto que de lo contrario, el abogado del turno, cuyo cliente tenga reconocido el derecho a la asistencia gratuita, no cobrará más de 500 euros por tramitar todo el proceso.

En este perfil se encuentra el abogado Lorenzo Izquierdo, quien en diciembre de 2012 fue designado para representar a un imputado de la causa -quien tiene embargados cuentas y bienes y no se puede permitir costear a un letrado-, y por toda su dedicación se le abonarán 700 euros.

El letrado ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que este caso, que suma 14 abogados del turno, "satura" su trabajo, en un despacho que comparte únicamente con otro socio más.

COMISIONES ROGATORIAS

Y es que hablamos de una causa que, según los datos de junio de 2013, sumaba 1.444.679 folios, 435 tomos en papel, tres expedientes electrónicos de la Agencia Tributaria con varias decenas de miles de folios más, cuatro comisiones rogatorias, 26 recursos de apelación, una pieza principal con 25 imputados -para la que ya se ha dictado un auto de procesamiento de 1.029 folios-, y 10 piezas separadas, a parte de las de responsabilidad civil.

"Cuando me vino el tema, hablé con el cliente, lo estudié, y en abril hice un escrito al Colegio al entender que era inasumible para mí", ha explicado el letrado, que justifica que no es no únicamente por una cuestión de dinero, "de cobrar 700 o 7.000 euros", sino porque necesitaba más medios materiales y humanos para poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

LA EXCEPCIONALIDAD

Así, reclamó que se valorase la excepcionalidad del caso y que, independientemente del aspecto económico, se planteara la posibilidad de designar a un segundo letrado como colaborador, por ejemplo, puesto que legalmente no había ningún impedimento siempre que éste lo aceptara voluntariamente.

Y ello en base a los numerosos días de declaraciones, a la cantidad de veces que se tiene que desplazar hasta el juzgado para solicitar resoluciones o copia de informes, y ante el número elevado de escritos que llegan diariamente del juez, "que hay que leerse y apuntarse cuáles pueden tener incidencia sobre el cliente".

También solicitó más apoyo material: "Es materialmente imposible -ha detallado- llevar esta causa si uno no tiene un ipad o un pen drive. Cuando yo me colegié no tenía obligación de tener ningún portátil, pero ahora voy a necesitar comprarme uno, o un ipad para poder trabajar correctamente", ha descrito.

En esta línea, también el abogado pone como ejemplo otra anécdota, y es que simplemente la cantidad de folios que obran en la causa no caben en su despacho, "al igual que casi tampoco caben en el del juez", ha ironizado. Todos estos aspectos, ha insistido, limitan el derecho de defensa.

MACROJUICIO

Por su parte, Beatriz Pascual, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), perteneciente a la comisión del turno de oficio, ha coincidido en que este tipo de "macrojuicios" no se pueden resolver aplicando el baremo actual, sino que necesitan una "individualización" y ser tratados como "algo realmente excepcional".

Porque, ha agregado, cuando el baremo -regulado en la Orden de 2012- contempla un abono de 700 euros en causas de especial complejidad, "probablemente se hace referencia a casos con siete u ocho tomos, con seis o siete imputados, cinco o seis sesiones de juicio oral, o unos 8.000 folios, que ya es demasiado. Pero no a la barbaridad de Emarsa".

CONVENIO 'AD HOC'

Ante esta situación, ha explicado que presentaron un escrito ante Conselleria de Justicia en el que planteaban la posibilidad de negociar un convenio 'ad hoc' para el caso concreto de Emarsa, siguiendo el modelo que se había aplicado para otros casos extensos como el Prestige o el 11-M.

"Presentamos -ha agregado- nuestra propuesta fundamentada sobre un informe elaborado por el coordinador jurídico del colegio y fue rechazada directamente por Conselleria. Reconoció que se abonara a letrados la cantidad adicional de 700 euros, pero solo a letrados cuyos clientes tenían reconocida la justicia gratuita".

MEJORES CONDICIONES

Ante esta decisión de Conselleria, el Colegio ha formulado un recurso de alzada en busca de mejores condiciones económicas para los compañeros que intervienen en el 'caso Emarsa', que es "especialmente sangrante". En este punto, ha recordado que los letrados del turno de oficio que asistieron a imputados en el caso del Prestige llegaron a un acuerdo con su gobierno autonómico por el que recibieron hasta 18.000 euros por la asistencia -15.000 euros de su Conselleria y 3.000 euros del Colegio de Abogados-.

A su juicio, "la Conselleria debería pensar que al igual que hay un juez dedicado exclusivamente a este asunto, así como un fiscal y un funcionario, debería pensar que los mismos apoyos y refuerzos los necesitan los abogados", opina.

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