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VALENCIA (EP). La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha fijado en los lunes antes de las 12.00 horas las comparecencias semanales que deberá hacer ante esta misma instancia el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, después de prestar la fianza de 200.000 euros exigida para exonerarle de la prisión provisional tras su condena por la primera pieza del 'caso Cooperación', un importe que hizo efectivo su mujer, Consuelo Ciscar, ex directora gerente del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

En un auto con fecha de este jueves, la sala entiende prestada por Consuelo Ciscar Casabán la fianza de 200.000 euros exigida por la exoneración de la prisión provisional decretada contra Rafael Blasco, a quien ordena su libertad "siempre que fije domicilio, participe cada cambio que efectúe y asuma la obligación apud-acta de comparecer ante este tribunal semanalmente ante esta sala", en concreto los lunes antes de las 12.00 horas o el día siguiente hábil en el caso de ser festivo.

Asimismo, deberá comparecer "cuantas veces fuera llamado" por el tribunal con el apercibimiento de que una sola incomparecencia "determinará que se libren las correspondientes órdenes de busca y captura y su constitución en prisión", se indica en la resolución, facilitada por el TSJCV. En el auto se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le insta a hacer entrega de su pasaporte "de forma inmediata" en la sala.

Blasco, a través de Ciscar, depositó la fianza el miércoles, un día después de que el tribunal valenciano le obligase a hacerlo para evitar el ingreso en prisión provisional hasta que el Tribunal Supremo declare firme, en su caso, la sentencia por la primera pieza del 'caso Cooperación', relativa a irregularidades en la concesión de ayudas a la Fundación Cyes para proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua.

Por estos hechos, Blasco ha sido condenado a ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial.

El exconseller --quien tiene embargadas cuentas y bienes por parte del Tribunal de Cuentas-- tenía un plazo de 48 horas para depositar la fianza y entregar su pasaporte, que también ya ha depositado. Las medidas cautelares fueron adoptadas el martes por el tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del 'caso Cooperación' --en total, hay tres-- tras solicitarlo las acusaciones, aunque pedían mayor fianza, de hasta dos millones de euros.

El tribunal atendió en parte estas solicitudes y ordenó prisión para Blasco pero eludible con 200.000 euros de fianza al entender que al ser el "principal promotor" de los hechos, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la justicia hasta que se declare firme la sentencia. No le decretó prisión incondicional ni le impuso la fianza de dos millones de euros al entender la cantidad desorbitada.

El tribunal también ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para la ex secretaria general de la extinta Conselleria de Solidaridad, Tina Sanjuán, --condenada a siete años de cárcel-- así como la entrega de su pasaporte y comparecencias semanales en base a la "gravedad" de la pena y ante un "cierto arraigo" fuera de la nación. En este caso, tras prestar la fianza, en otro auto la sala le fija el mismo día de comparecencia que a Blasco, con los mismos apercibimientos.

RESTO DE CONDENADOS

Para el resto de condenados, decretó otras medidas: retirada del pasaporte al exsubsecretario de la Conselleria, Alexandre Català, con obligación de comparecencia semanal en el juzgado así como al exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte.

Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le ha prohibido la salida del territorio nacional y le ha ordenado la entrega de su pasaporte. También le impone comparecencias ante el juez pero, a diferencia del resto de los condenados, de forma quincenal.

En esta causa ha habido otros dos condenados, el empresario y cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, quien se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; y el ex director general de la extinta Conselleria Josep María Felip, quien tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión.