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VALENCIA (EFE). El 72,7 % de los consumidores no conoce las opciones de fijación de las tarifas en el suministro eléctrico, y un 86 % reconoce que su factura se ha encarecido en los últimos tres años.

Estos son los resultados de un sondeo realizado a medio millar de consumidores a través de internet, correo electrónico y redes sociales por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) sobre el nuevo sistema de facturación del suministro eléctrico, presentado hoy por su presidente, Fernando Móner.

Solo un 7,5 % de los encuestados afirma estar de acuerdo con los cambios en la fijación de tarifas y un 92 % cree que no se está ofreciendo suficiente información sobre ellos.

Un 86 % reconoce que su factura eléctrica se ha encarecido en los últimos tres años frente a un escaso 2 % que dice que se ha reducido, según el sondeo.

Casi un 40 % de los usuarios no sabe en qué tarifa está basada su factura de la luz actualmente y más de un 63 % no tiene instalado un contador inteligente en sus hogares.

El presidente de AVACU ha destacado que estos datos obligan a exigir más campañas de información que ayuden al consumidor a comprender los nuevos sistemas de facturación y en qué consiste cada uno de ellos, para que pueda decidir a cuál acogerse.

También es necesario, según Móner, que se tenga en cuenta a las asociaciones de consumidores para intervenir en la toma de decisiones, no sólo como meros portavoces de la información, así como una mayor transparencia en la fijación de precios.

Móner ha explicado además las actuaciones de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), que ha impulsado una recogida de firmas a través de internet para paralizar el proceso de sustitución de los contadores inteligentes mientras no se tenga en cuenta las necesidades de los consumidores.

Entienden que el actual sistema de sustitución "solo beneficia" a las empresas: se ha aumentado el precio del alquiler que se paga en la factura, los contadores no permite acceder a la información de consumo en tiempo real, la luz salta cuando se alcanza la potencia fijada y la cantidad de información que la empresa puede obtener de los usuarios puede plantear "una violación de la privacidad", según CECU.