Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

Los procedimientos que afectan a Rafael Blasco y a Sonia Castedo regresarán a los jueces que los instruyeron y que los conocen mientras que el juicio de Milagrosa Martínez y Angélica Such está pendiente del Supremo

VALENCIA. Pese al pesimismo general de los ciudadanos que suelen decir que la investigación de los casos de corrupción política siempre acaban en nada, lo cierto es que los tribunales valencianos están demostrando que los desmanes cometidos durante los últimos años en las administraciones públicas valencianas no van a quedar impunes. Al menos no todos.

En los últimos meses los procesos abiertos han empezado a entrar en la recta final de su instrucción o incluso han llegado a juzgarse. El caso más reciente es el que ha condenado a Rafael Blasco, exconseller y exdiputado en Les Corts por el PP, por el saqueo de los fondos de Cooperación. El juicio se celebró y la condena ha sido dura: ocho años de prisión para el veterano político, al margen de otras condenas para ex altos cargos de la Generalitat. 

Aunque Blasco no entrará en la cárcel aún al pagar la fianza que se le ha impuesto mientras la condena no sea firme -200.000 euros, infinitamente menor de los dos millones que pedía la Fiscalía y asequible para un político con un patrimonio relevante- lo cierto es que su futuro se presenta francamente complicado. 

El exconseller tiene aún dos piezas abiertas en el juzgado por dos asuntos vinculados también al desvío de fondos. Sin embargo, esas dos partes de la trama, que aún se están instruyendo, están esperando nuevo destino. La dimisión de Blasco la semana pasada tras la condena -aunque no estaba legalmente obligado a dejar su escaño en Les Corts- ha supuesto su pérdida de aforamiento y, por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya no es competente para seguir con el proceso.  

Las dos piezas que faltan del caso Cooperación deberán volver al juzgado de instrucción. La juez que investigó el caso está muy al corriente del mismo, ya que imputó a Blasco cuando ya lo tenía todo listo. Ese conocimiento del caso por parte de la magistrada que realizó toda la investigación previa hasta que decidió imputar a Blasco, supondrá que el trámite final de la instrucción y el procesamiento no se demore en exceso sobre lo previsto. 

GÜRTEL DESENCADENÁNDOSE 

También empezarán a llegar en breve los distintos procesos abiertos en el seno de caso Gürtel. Hasta ahora solo se ha finalizado la instrucción de la pieza de Fitur. De hecho, había fecha para el inicio del juicio y todo un calendario para su celebración. Sin embargo, tras la dimisión de Milagrosa Martínez como diputada se quedó sin aforados imputados. Antes había dimitido Angélica Such.

Las dos exconselleras de Turismo estaban implicadas en la contratación supuestamente irregular de los stands de Fitur a Orange Market, la empresa que dirigía la trama de Correa en la Comunitat Valenciana.  El TSJCV decidió, tras las dimisiones, paralizar la celebración del juicio oral y estudiar la nueva situación de un caso que ya no tenía aforados. Decidió envíar el proceso a la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, varias partes, entre ellas la Fiscalía, han recurrido al Supremo y será este tribunal el que decidirá si certifica ese traslado o, por el contrario lo envía a la Audiencia Nacional, que es de donde proviene originalmente.

Sea como sea, el juicio no deberá retrasare más de lo necesario. Sea cual sea el estamento judicial que se encargue del caso, no cabe realizar nuevas pruebas ni ordenar nuevas diligencias. Lo que ya está instruido será lo que se utilize para juzgar la actitud de las dos exconselleras y del resto de procesados que se sentarán en el banquillo.

En el resto de piezas del caso Gürtel, hay seis en total, hay aún varios imputados que mantienen su aforamiento y, por tanto, se siguen instruyendo en el TSJCV. Habrá que ver qué estrategia siguen diputados como David Serra, Ricardo Costa, Vicente Rambla y Yolanda García, todos del PP, cuando los procesos en los que están imputados lleguen al procesamiento. Si dimiten el camino que seguirán los sumarios serán similares al de Fitur. 

ALICANTE Y SUS ALCALDES

Los dos otros casos que se han visto afectados por la dimisión de imputados que estaban protegidos por aforamiento eran el de un supuesto delito fiscal cometido por el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi que estaba siendo instruido en el TSJCV tras una investigación procedente de la Fiscalía.

Cuando el tribunal decretó la apertura del juicio oral, Alperi dimitió. El caso está pendiente de que el TSJCV decida en que juzgado ordinario recae. Este cambio sí puede generar un retraso en la recta final del proceso en el que está el caso, ya que antes de fijar la fecha del juicio, el juzgado en el que recaiga tendrá que dictaminar sobre los distintos recursos que se interponen en ese momento procesal. El juez tendrá, por tanto, que estudiarse un sumario complejo que no conoce. 

Más fácil lo tendrá el juez al que, de volverle, tendrá que instruir Brugal en la parte que afecta a la aún alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. El magistrado Manrique Tejada fue el que instruyó el caso antes de que pasase al TSJCV por la imputación de aforados y es a quien, en teoría, regresaría. El juez conoce al detalle el sumario y no debería tener mayor problema en concluir la instrucción. 

EMARSA CONCLUIDO, OVER MARKETING EMPIEZA. ¿Y NÓOS?

El avance de la justicia ha sido implacable en el caso Emarsa, probablemente el mayor de los saqueos cometido en la Comunitat Valenciana al amparo de una institución pública. Aunque el caso es posiblemente el menos mediático, es el que mayor número de procesados tiene: 25. Entre ellos, el exalcalde de Manises (PP), Enrique Crespo, que era el presidente de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, donde se cometieron los desmanes.

El juez que ha investigado el caso -uno de las instrucciones más transparentes para los medios de comunicación de la historia ya que cada resolución se ha comunicado al momento a través del departamento de comunicación del TSJCV- quiere abrir juicio oral contra los exdirectivos que, supuestamente, se quedaron con al menos 23 millones de euros ilegalmente. 

Mientras llega ese macrojuicio, está a punto de acabar la instrucción del caso Nóos. El juez José Castro ha mantenido el caso en Mallorca después de que el TSJCV rechazase su intención de imputar a Rita Barberá y a Francisco Camps por contratar irregularmente con la fundación de Iñaki Udangarin.

Quien sí ha acabado imputado es el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, así como numerosos ex altos cargos de la Generalitat. Como no son aforados de momento el caso sigue su curso, pero la resolución final del juez está por llegar.

Pero, parafraseando a uno de los protagonistas más reconocibles de la época más oscura de la Comunitat Valenciana reciente, Ricardo Costa, la "fiesta" no se acaba nunca. Así, el juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha abierto diligencias para saber si la Conselleria de Sanidad contrató irregularmente con Over Marketing, una empresa que se puede considerar la precursora de Orange Market y su red. En el objetivo, Serafín Castellano, que era conseller entonces.

Y la compra de Valmor, investigada por la Fiscalía y que puede poner en un aprieto no solo a Lola Johnson, la consellera que firmó la operación, sino a Alberto Fabra, el presidente que mantiene que, todos los casos de corrupción que hoy se juzgan no pasaron bajo su mandato. 

Noticias relacionadas

• El juez concluye la instrucción de Emarsa y procesa a 25 personas por el saqueo de 23 millones