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Ya son nueve las resoluciones en este sentido

El TSJCV obliga al Consell a facilitar a Compromís las facturas del viaje de Fabra a Roland Garros

VALENCIAPLAZA.COM. 03/06/2014 La portavoz apunta a que desde el Consell se respondió que el coste del desplazamiento había sido el habitual y no aportaron la documentación

VALENCIA (EP). La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado dos nuevas sentencias en las que estima sendos recursos de Compromís por la negativa del Consell a facilitar la documentación requerida a los diputados de la coalición, al considerar que el rechazo vulnera el artículo 23 de la Constitución. Una de ellas, obliga al Gobierno valenciano a facilitar las facturas del viaje que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, realizó a París el año pasado para presenciar la final del Roland Garros, que disputó el tenista de Jávea (Alicante), David Ferrer.

Según ha señalado la portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, en un comunicado, con estas nuevas resoluciones "ya son nueve las sentencias en contra el Gobierno valenciano por vulnerar los derechos constitucionales de los diputados de Compromís, por no cumplir con la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución, y en este caso, una de ellas, afecta directamente a Alberto Fabra".

Oltra ha explicado que Compromís tuvo que recurrir ante la justicia "porque Alberto Fabra se negó a entregarnos copia de la documentación relativa al coste de su viaje a la final de Roland Garros en el mes de junio de 2013. Fabra se negó a que los valencianos y valencianas supiéramos cuánto dinero público se gastó en ese viaje, lo que nos hace preguntarnos que está tratando de ocultar el 'president', a cuántas personas le pagamos ese viaje y con qué coste". Ahora, tras la sentencia, "es lo que Alberto Fabra tiene que poner a disposición de nuestro grupo".

Para Oltra, "lo que es vergonzoso es que para que el gobierno cumpla sus funciones, para que Alberto Fabra cumpla con la Constitución, tenga que venir el Tribunal Superior de Justicia a decirle que tiene obligación de entregar esa documentación".

La coalición espera que Fabra ponga a su disposición "de manera inmediata, esta documentación que los valencianos y las valencianas tenemos derecho a conocer". "Tenemos derecho a saber qué nos costó el viaje de Fabra a la final de Roland Garros porque lo hemos pagado con dinero público. Es una vergüenza que el señor Fabra hable de líneas rojas y transparencia cuando él personalmente está incumpliendo sus deberes constitucionales", ha criticado.

ALEGÓ QUE DIO INFORMACIÓN "ESENCIAL"

En ese caso, el vicepresidente del Consell, José Císcar, respondió a la solicitud de la coalición asegurando que el coste del desplazamiento había sido el habitual. La Abogacía de la Generalitat se opuso al recurso al alegar que se había proporcionado la información "con carácter esencial", mientras que el ministerio fiscal consideró que el Consell había incumplido con su obligación de facilitar la información solicitada.

Según la sala, en cuanto que en este caso se pide conocer el importe de los gastos de un viaje de un representante político, "no es aceptable que por la administración se impide el conocimiento y acceso a la misma utilizando una fórmula retórica que no ofrece motivación alguna a dicha denegación y que en definitiva no ofrece información alguna acerca de los datos solicitados".

Así, estima que al ser el fundamento de la información pedida el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa "carente de legitimidad", la conclusión debe ser la de declarar la vulneración constitucional alegada.

OTRA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

La resolución también obliga al Consell a entregar a Compromís la documentación relativa a la aplicación y puesta en práctica de los distintos Manuales de autoevaluación aprobados por INACEPS y toda la documentación relativa a la reorganización del transporte sanitario urgente (SAMU y SVB) y el informe que acredita la insuficiencia de recursos públicos para la terapia sustitutiva renal, en otro de los fallos.

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