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VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado prisión provisional eludible con fianza de 200.000 euros para el exconseller Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por el denominado caso Cooperación. Según informa el TSJCV, el tribunal da a Blasco 48 horas para depositar la fianza y durante ese tiempo se le prohíbe salir de España y se le retiene el pasaporte.

El exconseller de Solidaridad del Gobierno valenciano fue condenado el pasado 28 de mayo a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, por el desvío de fondos de la Generalitat concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua. El fiscal pidió ayer el ingreso en prisión del exconseller y, si el tribunal rechazaba esta medida, una fianza de dos millones de euros.

El Tribunal considera desproporcionada la cantidad solicitada por las acusaciones -a la petición del fiscal se adhirió la Generalitat y la acusación popular- al no tener "base alguna" para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla. En caso de que pagara la fianza, Blasco quedaría obligado a comparecer semanalmente ante el Tribunal y cuantas veces fuera llamado, y un solo quebrantamiento de esta obligación determinaría su inmediato ingreso en prisión, señala el auto.

Los magistrados reconocen que Blasco ha estado en libertad provisional y ha dado "estricto cumplimiento" a todos los llamamientos de la Sala, aunque recuerdan que tiene otras piezas abiertas ante la misma Sala. A diferencia del resto de condenados por el caso Cooperación, Blasco ha sido el principal promotor de los hechos y ello le confiere "un especial dominio" de lo ocurrido y una serie de contactos y relaciones que podrían facilitar una eventual elusión.

Añade que su vinculación política con la Comunitat Valenciana "ha quedado rota" tras su cese (la semana pasada dejó su escaño en Les Corts Valencianes), y que no se le ha encontrado un especial patrimonio "acorde a la posición que cabe presumirle", lo que hace pensar "en alguna suerte de ocultación" y "algún intento de elusión" de la acción de la Justicia.

Este temor no llega al extremo de aconsejar su prisión inmediata e incondicional pero sí que justifica la imposición de una fianza, que señala en 200.000 euros, según explica el auto. El TSJCV también ha decretado la prisión provisional para la ex secretaria general de Administración de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, Tina Sanjuán, que fue condenada a siete años y medio de prisión y a 17 años y medio de inhabilitación.

Sanjuán podrá eludir la prisión provisional con la prestación de una fianza de 6.000 euros en un plazo de 48 horas, y tendría prohibido salir del territorio nacional, con la obligación de comparecer semanalmente ante el Tribunal.

El fiscal pidió para la ex secretaria la prisión provisional eludible con una fianza de 600.000 euros, a la que sumaron la Generalitat y la acusación popular. Para el exsubsecretario de la Conselleria Alejandro Catalá, el Tribunal ha decidido retirarle el pasaporte y le obliga a comparecer semanalmente ante la Sala, concretamente los lunes antes de las doce horas o, en caso de festivo, al día hábil siguiente, así como todas las veces que sea llamado.

Catalá fue condenado a cuatro años y medio de prisión, a quince meses de multa con cuota diaria de 15 euros y a siete años de inhabilitación para cargo público. Al exjefe del Área de la dirección general de cooperación Marc Llinares, condenado a cuatro años y medio de cárcel, se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir de España y le obligan a comparecer semanalmente.

Al exjefe de gabinete de Blasco Javier Llopis, condenado a tres años de prisión, se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir de España y le obligan a comparecer cada quince días. Al presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) -sin relación con la constructora del mismo nombre-, Marcial López, condenado a 4 años de cárcel y multa de 6 millones de euros, se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir de España y le obligan a comparecer semanalmente.

A su pareja sentimental, María Josefa Cervera, condenada a tres años y medio de cárcel y multa de cuatro millones de euros, también se le retira el pasaporte, se le prohíbe salir de España y se le obliga a comparecer semanalmente. El empresario Augusto César Tauroni, condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, ya estaba en prisión provisional desde el 23 de febrero de 2012.

El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip es el único ex alto cargo sin pena de cárcel, ya que fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa, y para él la Fiscalía no había solicitado ninguna medida cautelar.