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PALMA (EFE).- El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha entregado al juez del caso Nóos, José Castro, un certificado que indica que participaba con un 17 % de los votos en la toma de decisiones de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y no con un 99,55 % como indica un informe del sumario.

El juez Castro ha dictado hoy una providencia con la que da traslado a las partes personadas en el caso Nóos de varios documentos presentados por Grau el pasado sábado, cuando declaró como imputado en esta causa, en relación con varios convenios firmados entre la FTVCB, que él preside, y el Instituto Nóos, para organizar tres foros deportivos en Valencia.

El juez Castro citó a Grau a declarar como imputado al apreciar "indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.

El magistrado se basó, entre otras pruebas, en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jurídica de la FTVCB, según el cual el Ayuntamiento de Valencia financia casi la totalidad de su presupuesto, controla su gestión con el 99,55 % de los votos en su patronato, y además los fondos que maneja la entidad son "abrumadoramente públicos".

Grau ha aportado siete documentos, entre los que figura un certificado del secretario del patronato de la FTVCB que acredita que tenía un 17 % de los votos.

Otro documento aportado por el vicealcalde valenciano es una publicación de 2004 de la Intervención General de la Administración del Estado en la que ofrece un listado de las entidades integrantes del sector público fundacional municipal y no incluye a la FTVCB.

Además ha entregado al juez un certificado de la intervención general del Ayuntamiento de Valencia que acredita que todas las asignaciones presupuestarias a la FTVCB entre 1992 y 2013 se han hecho con el concepto de "transferencias a empresas privadas" o bien a "organizaciones sin fines de lucro ajenas a la administración municipal".

Grau ha entregado también un dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid sobre la FTVCB que indica que la entidad no pertenece al sector público, es una persona jurídica de derecho privado y que los convenios que firmó con Nóos no pueden ser considerados contratos de servicios.

Por otra parte, el juez Castro ha dado por interpuesto el recurso de reforma del sindicato Manos Limpias contra su decisión de no realizar una prueba caligráfica de las firmas de Iñaki Urdangarin y al infanta Cristina que figuran en las actas de la empresa Aizoon que figuran en el sumario y de rechazar consultar a los duques de Palma acerca de la autenticidad o falsedad de dichas firmas.

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, ha reiterado la petición por considerar que la instrucción del caso Nóos no puede culminar con "flecos sueltos" como las dudas sobre la autenticidad de esas firmas, porque puede tener consecuencias jurídicas en el juicio oral.

"Los imputados pudieran negar la autoría de cualesquiera de las firmas suyas existentes en las actuaciones y por lo tanto ello llevar al absurdo (...) de no poder tener por acreditados y probados determinados hechos ilícitos que en tal caso pudieran quedar impunes", señala Manos Limpias en su escrito.

El sindicato recuerda que durante su declaración como imputada, la infanta Cristina no contestó a sus preguntas, por lo que no pudo interrogarla sobre las firmas.