Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EP/CP). La Unió de Llauradors ha presentado propuestas de mociones en todos los Ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante y a todos los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes donde pide que se compensen las "graves pérdidas" causadas en los cultivos y la ganadería como consecuencia de la sequía.

La estimación de la organización agraria es que los daños directos en el campo valenciano por este episodio de sequía son superiores ya a los 320 millones de euros y requieren una "reacción decidida" por parte de las Administraciones Públicas, según ha exigido en un comunicado.

Al respecto, ha recalcado que estas pérdidas "van a tener una repercusión directa en la disminución de ingresos de los agricultores, que conlleva un mayor endeudamiento y, por tanto, una pérdida de la capacidad de invertir en el cultivo en particular y en la explotación en general".

Desde La Unió se solicita la "sensibilidad" de los consistorios para que se apruebe una moción con las demandas de los agricultores y ganaderos y se insta a los grupos parlamentarios a hacer lo mismo en las Corts. El objetivo es que ambas administraciones "sean sensibles a estas demandas y propongan medidas que se ajusten a la gravedad de la situación porque las que están por ahora encima de la mesa por parte del Ministerio de Agricultura son realmente insuficientes".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA SEQUÍA

En las mociones de La Unió se pide la constitución "urgente" de una Comisión de Seguimiento de la Sequía, compuesta por las entidades representativas de los sectores afectados para analizar la evolución de la sequía y proponer medidas preventivas y compensatorias y la concesión de ayudas directas a las explotaciones con daños por sequía por los incrementos de los costes y concesión de ayudas de Estado (ayuda de minimis) de 15.000 euros por empresa agraria en tres años.

Asimismo, se reclama la reducción del módulo en el IRPF para las explotaciones y actividades agrarias afectadas; la condonación y no exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2014; bonificación del 100% en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2014 y mayo de 2015, ambos incluidos y exenciones para el año 2014 del canon de regulación y tarifa de utilización del agua establecido por la Ley de Aguas para las explotaciones de regadío.

De igual modo solicita la reducción de las tarifas eléctricas para el riego; puesta a punto y mantenimiento de los pozos de sequía y establecimiento de una línea de préstamos ICO con interés subvencionado para los afectados por la sequía. En relación con el cultivo del cereal, plantea medidas específicas como poder labrar la superficie sembrada para dejarla en barbecho antes de finalizar el periodo obligatorio que se establece por cumplir con la condicionalidad y que Agricultura permita la entrada de ganado en las parcelas sembradas "sin que esto afecte al cumplimiento de la condicionalidad".

En frutos secos propone ayudas al arranque y a la reposición del potencial de producción agrícola dañado por la sequía y en ganadería extensiva plantea ayudas a los ayuntamientos para la construcción de abrevaderos o mejorar los actuales puntos de suministro; ayuda directa por los costes adicionales de la alimentación a consecuencia de la sequía y autorización de oficio para permitir pastar en parcelas sin afectar a la condicionalidad ni a las ayudas PAC

De manera general, reclama la realización urgente de los estudios pertinentes que localicen los acuíferos y puedan de manera racional proveer carencias puntuales como ya está sucediendo en determinadas zonas; que los Planes de Demarcación de las confederaciones hidrográficas contemplen las aguas subterráneas; utilización de las aguas residuales debidamente tratadas, depuradas y desalinizadas cuyos volúmenes son lanzados, mayoritariamente, al mar y que pueden salvar parte del arbolado de secano; uso con carácter de urgencia de las aguas salobres y puesta en marcha de las desaladoras que todavía no han arrancado.