Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EFE). La primera sentencia del conocido como caso cooperación llega tres años y medio después de las denuncias presentadas por dos diputadas autonómicas de la oposición ante la Fiscalía, en octubre de 2010, sobre una "trama" para desviar fondos públicos de la Generalitat destinados a cooperación internacional.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano hecha pública hoy, que condena al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco a ocho años de prisión, se refiere a la primera de las tres piezas en que se ha dividido el caso cooperación, la referida a las subvenciones de la Generalitat por 1,8 millones de euros a la Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.

Queda por acabar la instrucción de dos piezas: una que investiga las subvenciones concedidas por la Generalitat en materia de cooperación al desarrollo a distintas entidades durante los años 2009, 2010 y 2011, y otra sobre las acciones institucionales para paliar los efectos del terremoto de Haití de 2010.

La pieza número dos investiga el supuesto fraude y malversación en la concesión de subvenciones para cooperación a un entramado de empresas sin medios ni experiencia en torno a la Fundación Hemisferio por varios millones de euros, y tiene veintitrés imputados, entre ellos el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco.

La pieza tercera se refiere a las acciones que impulsó la Generalitat para la reconstrucción de Haití, como una oficina técnica y tres proyectos para construir un hospital, reformar la posta sanitaria y acciones complementarias en el municipio de Belle Anse, y tiene doce imputados, entre ellos también Blasco.

El origen del caso cooperación son las denuncias que presentaron las diputadas autonómicas Clara Tirado (PSPV-PSOE) y Mireia Mollá (Compromís) ante la Fiscalía en octubre de 2010, y que dieron lugar en mayo de 2011 a una investigación del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia.

La causa sobre el desvío y la malversación de fondos de la Generalitat para cooperación al desarrollo en el tercer mundo entre 2008 y 2011 fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano en septiembre de 2012, debido a la condición de aforado del exconseller de Solidaridad y diputado autonómico Rafael Blasco.

El juicio oral sobre la pieza primera se celebró entre enero y marzo de este año, con nueve procesados: el responsable de la Conselleria cuando se dieron las subvenciones, Rafael Blasco; cinco funcionarios de ese departamento, y tres responsables de fundaciones.

Durante la vista, se analizaron los presuntos delitos cometidos durante la concesión en 2008 por parte de la Conselleria de Solidaridad de 1,8 millones de euros a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales, en su mayoría para proyectos de cooperación en Nicaragua.

Esas ayudas le fueron concedidas a pesar de carecer de experiencia previa en el sector y en contra de la comisión técnica del programa de cooperación.

Según la instrucción, el 90 % de las subvenciones se destinaron a la compra de cuatro inmuebles en Valencia, mientras que a Nicaragua solo llegaron unos 40.000 euros para la construcción de unos pozos.