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VALENCIA. Apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. Esos son los delitos que Coalició Compromís cree que pueden haber cometido los exgestores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y por los que presentó una denuncia el pasado 14 de marzo ante un juzgado de Paterna.

La juez María José Llorca, responsable del juzgado de instrucción número 6 de Paterna, en la que ha recaído el caso, comunicó este jueves a las partes su decisión de incoar diligencias previas, lo que en el caso de una denuncia como la presentada por Compromís -firmada por todos los diputados del grupo en Les Corts y por el exconsejero de RTVV a propuesta de la formación, Rafael Xambó- implica como primer paso llamar a declarar a los denunciados y hacerlo en calidad de imputados.

La imputación que realiza la juez, en todo caso, no presupone la existencia de un delito por parte de la instructora, ya que todo el caso está en un proceso muy inicial. En todo caso, el hecho de que la magistrado haya decidido llamar a declarar a los denunciados sí denota que el escrito de Compromís tiene suficiente base. Hay precedentes de denuncias contra altos cargos de la Generalitat, como por ejemplo las presentadas por la opaca Asociación contra la Corrupción, que no han llegado a pasar ese primer filtro.

La denuncia de Compromís se centra en el mandato de José López Jaraba como director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) e incluye a los que fueron directores de TVV durante esa época, Lola Johnson y Luis Redondo, y de Ràdio Autonomia Valenciana (Ràdio 9), Lluís Motes y Nuria Romeral. Los cuatro últimos ya tienen fecha para prestar declaración: los días 8 y 9 de julio. Jaraba aún no, puesto que al residir en Madrid hay que cursar a través de un juzgado de la capital.

A lo largo de 31 páginas de la denuncia se asegura básicamente que su gestión agravó la situación patrimonial de RTVV "con actos deliberados, dolosos, contumaces y sostenidos en el tiempo, tendentes a descapitalizar y sobreendeudar a la entidad en beneficio de determinadas terceras personas". Compromís, como denunciante, pide que se investiguen los hechos por la vía penal, no administrativa o civil.

LOS HECHOS

Contrataciones irregulares de personal y de servicios, contratos opacos y onerosos con productoras o sin justificación económica y dolosos para la empresa pública (como el del Villarreal), descuentos en la publicidad sin justificar y un reiterado incumplimiento de las directrices que, según los denunciantes, tenían la obligación de seguir como gestores para evitar que RTVV siguiese su escalada de endeudamiento, son algunos de los hechos que se presentan como constitutivos de delitos.

La denuncia se apoya en muchos casos en los informes de la Sindicatura de Comptes que, año tras año, venía denunciando la quiebra de RTVV, la existencia de contrataciones no ajustadas a la ley y la falta de toma de medidas para sanear la sociedad.