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CASTELLÓN (EP). El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado este viernes que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo 'popular', para pedir el cierre "definitivo" del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como "a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura", en referencia al anterior Gobierno socialista.

Según ha informado la corporación en un comunicado, de esta forma, la Diputación "reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN)", que concluye que la sismicidad inducida en la zona "es resultado de la actividad de inyección de gas" y revela además la existencia de una falla hasta ahora no identificada.

La Diputación ha recalcado que, de esta forma, "se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental".

SIN LAS GARANTÍAS "SUFICIENTES"

"Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevó a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes", ha apuntado Barrachina.

El documento que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial añade que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), "se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los exministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor".

A juicio del vicepresidente provincial, ha sostenido que "Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad". "El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz", ha criticado.

En esta línea, ha recalcado que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, "a propuesta del ministro Miguel Sebastián" y que en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena Espinosa, "publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable".

Posteriormente, el Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones y en junio de 2010 Industria publicó la autorización administrativa.

La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.