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VALENCIA (X. A. /AGENCIAS). El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, no tomará ninguna medida frente a la imputación hecha pública este martes del vicesecretario de Relaciones Institucionales y portavoz de la Diputación, José Manuel Orengo, tras la denuncia contra la anterior junta de gobierno presentada por el actual alcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), por la supuesta realización por parte de su predecesor de operaciones crediticias sin la correspondiente autorización preceptiva de la Conselleria de Hacienda.
Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hasta el momento han declarado como testigos en la causa el secretario y el interventor del Ayuntamiento. Para el próximo 13 de junio a las 9.30 horas, han sido citados como imputados José Manuel Orengo y la exconcejal de Economía, Ana García.
Torró denunció los préstamos firmados por el Gobierno socialista de Gandia durante los años 2009 y 2011, con un importe que superaba los 100 millones de euros al estimar que con ello se pudo cometer delitos de prevaricación y malversación de fondos. Según informó en su día el consistorio, la Generalitat Valenciana nunca aprobó el Plan Económico financiero del Gobierno socialista en ese periodo aunque el PSOE "siguió con los préstamos millonarios".
Por su parte, fuentes del PSPV explicaron que el centro de la acusación gira en torno a un crédito de cinco millones de euros que le concedió en su día el Banco de Santander al consistorio. En un momento dado, se solicitó una prórroga del mismo para lo cual la normativa vigente exigía 'luz verde' por parte de la Conselleria de Hacienda. Las citadas fuentes aseguran que se pidió en reiteradas ocasiones -sin obtener respuesta- la autorización para la renovación del citado crédito.
Ante esta situación, e interpretando que no existía "voluntad política" por parte del Gobierno del PP de responder, se contrató a una consultora externa para que elaborara un informe. De este se desprendió que existía un "silencio administrativo" que permitía solicitar la prórroga, por lo cual se llevó adelante. Desde el PSPV consideran que Torró, al no poder hacer frente al pago, ha acudido por la vía penal a cuestionar la concesión del crédito, lo que de momento lo paraliza y, además, pone en aprietos al portavoz de la oposición. En cuanto a la cifra de 100 millones de euros manejada por Torró, desde el PSPV subrayan que se trata de una suma de los créditos concedidos a empresas públicas vinculadas al Ayuntamiento de Gandia y que, en todo caso, son "legales".
Respecto a la postura a adoptar desde la dirección del partido, dado que el PSPV-PSOE se ha mostrado muy crítico con la acumulación de imputados por parte del PPCV, las citadas fuentes recalcaron que se trata de una cuestión "administrativa". "Ningún imputado por corrupción tiene cabida en nuestro partido", recalcaron fuentes de la cúpula socialista.
En esta línea, Orengo aseguró que ésta es "una nueva denuncia falsa" de Torró que "tiene como única finalidad paralizar los embargos a las cuentas del Ayuntamiento". "Tengo la seguridad de que más pronto que tarde se archivará la querella, conforme ha ido sucediendo con el Innova y con los otros pleitos con que el alcalde ha intentado acusarme sin éxito", manifestó y defendió que todos los créditos del Ayuntamiento "estaban dentro de la ley y así se lo explicaremos al juez".
TORRÓ: "DEUDA EXAGERADA" Y CRÉDITOS "DESAUTORIZADOS"
Por su parte, Torró afirmó en otro comunicado que confía en que el juez aclare "por qué se firmaban créditos sin la autorización del interventor, ni del secretario general del Ayuntamiento, ni de la Generalitat Valenciana". "Desde hace dos años el Gobierno de Gandia ha intentado renegociar la exagerada deuda bancaria que dejó el anterior gobierno socialista", afirmó, y añadió que los créditos contaban con "la desautorización por parte del secretario general del consistorio y del interventor, así como también con la desautorización por parte de Generalitat Valenciana".
Según el alcalde, "Gandia hoy es la ciudad más endeudada de España en relación a su número de habitantes y el Gobierno socialista nunca tuvo escrúpulos a la hora de endeudar la ciudad, con el agravante de haber sido una legislatura que tuvo ingresos superiores a los 60 millones de euros, que perfectamente podían haber servido para rebajar la deuda".
El alcalde expresó su confianza en la Justicia y consideró que los ciudadanos de Gandia "no deben asumir una deuda que, presuntamente, no cumple los requisitos legales y que fue firmada por el anterior ejecutivo socialista". "Alguien tendrá que dar explicaciones. Nosotros pusimos esta información en conocimiento de la Justicia, ahora el juez ha estimado continuar investigando y confiamos en su magisterio", afirmó.
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